San Juan (EFE) – La Fiscalía Federal informó este viernes que un gran jurado en Puerto Rico emitió una acusación contra Samuel Vega, de 42 años, de San Juan, por coerción y seducción de una menor e intento de producción de pornografía infantil.
«Queremos recordar a la comunidad que la Oficina del Fiscal General junto con nuestros socios federales, estatales y locales, están comprometidos a proteger a los niños de este tipo de criminales», aseveró en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico.
El acusado fue detenido el 6 de abril tras una investigación llevada a cabo por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) con la ayuda de la Policía de Puerto Rico (PRPB) y la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico.
Según el comunicado de la Fiscalía, entre mayo y septiembre de 2022, Vega persuadió, indujo, sedujo y coaccionó a sabiendas a una menor de 13 años para que participara en actividades sexuales.
Según los documentos judiciales, el acusado inició conversaciones a través de las redes sociales con la víctima menor de edad.
En dichas conversaciones, el acusado hablaba de sexo y pedía fotos y vídeos de la menor desnuda.
En mayo de 2022, el acusado y la menor acordaron verse para mantener un encuentro sexual, cuando la menor se dio cuenta de que el acusado era mayor que el varón que aparecía en sus redes sociales, abandonó el punto de encuentro corriendo.
Vega le propinó un puñetazo y una patada para impedir que se marchara.
«Si usted es una víctima o sabe de otra víctima de este individuo, por favor acérquese; contacte a las autoridades para que podamos protegerlo a usted y a otros de estos crímenes», agregó Muldow.
Vega tuvo su lectura de cargos y vista de fianza ante la Jueza Magistrada de los EE.UU. Giselle López y se le ordenó permanecer en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo a la espera del resultado de su caso.
De ser hallado culpable, Vega enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años hasta cadena perpetua por el cargo de coerción y seducción, y un mínimo de 15 años hasta 30 años de prisión por el cargo de producción de material de explotación infantil.
Un juez del Tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices sobre Sentencias de EE.UU. y otros factores legales.
La fiscal adjunta de los Estados Unidos Daynelle Álvarez, de la Unidad de Explotación de Menores e Inmigración, está a cargo de la acusación en este caso.
