San Juan, 17 de febrero de 2022 (EFE) – Cuatro empleados unionados de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), bajo el gremio ProSol-UTIER, fueron detenidos por la Policía de Puerto Rico este jueves mientras se manifestaban a la entrada del Centro Gubernamental Minillas, en Santurce.
De acuerdo con la Policía, los empleados fueron arrestados por impedir la entrada a un edificio gubernamental que ofrece servicios públicos, por lo que estos se enfrentan a un cargo de delito menos grave.
Los funcionarios exigen justicia salarial e iniciar el proceso de negociación colectiva detenido desde 2014 por la entonces Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno de Puerto Rico, Ley 66, dijo Ángel Pinto, presidente del Capítulo de la Autoridad de Carreteras de ProSol-UTIER.
«Nos unimos al llamado de cientos de servidores públicos que exigen justicia salarial, mejores condiciones de trabajo y un retiro digno», sostuvo Pinto en un comunicado de prensa.
Según explicó Pinto, en la Autoridad de Carreteras hubo en diciembre un aumento salarial de $1,200 mensuales a los ingenieros de proyectos, pero no para el resto de los trabajadores, por lo que el sindicato pidió trago igual.
Pinto justificó el reclamo de justicia salarial amparada en que los trabajadores unionados realizan las tareas que fundamentan el salario del ingeniero de proyecto, el alza en el costo de vida y en haber estado más de una década sin ajuste de salario.
«Mientras en la ACT existen puestos que pagan el salario mínimo, los empleados de contratos federales comenzaron a cobrar a raíz de 15 dólares la hora a partir de enero de 2022. Nosotros, en Carreteras, cobramos de fondos federales mediante un proceso de reembolso. Entendemos que merecemos igual trato, es lo justo», afirmó.
El líder sindical añadió que la ACT impulsó desde 2018 una serie de retiro temprano lo que provocó menos empleados, mayor trabajo y el derroche de fondos públicos mediante la privatización de tareas.
«La Autoridad de Carreteras tiene los fondos para hacer justicia, lo que ocurre es que las prioridades están invertidas. El dinero está utilizándose para favorecer a los privatizadores y la alta gerencia», denunció.
En diciembre de 2021 la unión se reunió con la gerencia de la ACT y los representantes del gobernador y acordaron recibir una respuesta el 14 de enero de 2022.
Sin embargo, ahora la ACT pide esperar hasta el 15 de marzo de 2022 lo que los empleados consideran una práctica dilatoria y una falta de respeto.
