San Juan (EFE) – Las autoridades federales de Puerto Rico informaron este lunes de que dos hombres de 35 y 45 años fueron arrestados por explotación de menores.
Los uniformados detuvieron a Elvin Jhohanie Molina de 35 años, el 26 de enero y enfrenta cuatro cargos por explotación sexual de menores, seducción sexual de un menor, recepción de material de explotación de menores y posesión de material de explotación de menores.
Según los documentos judiciales, desde febrero de 2020 hasta abril de 2022, el acusado utilizó su ordenador, teléfonos móviles y aplicaciones de redes sociales de Internet para persuadir y atraer a una menor de entre 12 y 14 años de edad a participar en una conducta sexualmente explícita.
Durante el mismo período, Molina produjo, recibió y transmitió material de explotación infantil.
También poseyó a sabiendas y accedió con intención de ver dicho material que contenía imágenes de pornografía infantil.
Si es declarado culpable, el acusado se enfrenta a una pena mínima de 15 años y a una máxima de hasta cadena perpetua.
Un juez federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las directrices sobre sentencias de Estados Unidos y otros factores legales.
Por otro lado, Edwin Martínez de 45 años, fue arrestado también el 26 de enero de 2024 por agentes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) del municipio de Fajardo, en el norte de la isla caribeña.
El 24 de enero se emitió una acusación federal y orden de arresto contra Martínez por dos cargos de explotación sexual de menores y posesión de material de explotación de menores.
De acuerdo a la acusación, desde marzo de 2016 hasta el 1 de mayo de 2022, el acusado utilizó a sabiendas un teléfono celular para inducir a un menor de entre 10 y 16 años de edad a participar en una conducta sexualmente explícita, y para producir y transmitir la representación de dicha conducta.
Durante el mismo período, Martínez-Ortiz poseyó, y accedió con intención de ver, imágenes de material de explotación infantil, incluso de un menor de menos de 12 años de edad.
Si es declarado culpable, Martínez se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 15 años y una máxima de 30 años de prisión.
La fiscal del caso es Emelina M. Agrait-Barreto, de la Unidad de Explotación de Menores e Inmigración.
