Fiscalía federal informa que los acusados presuntamente poseían, recibían y distribuían material de abuso sexual infantil mediante dispositivos móviles
SAN JUAN (EFE) – La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este jueves de que se llevó a cabo una operación para proceder al arresto de cuatro hombres acusados por cargos de explotación infantil en varios puntos del archipiélago caribeño.
«No hay mayor prioridad que proteger a nuestros niños de aquellos que buscan explotarlos o hacerles daño», declaró en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico.
Relacionado a estos hechos, Muldrow indicó que el 26 de febrero de 2026, un gran jurado federal dictó cuatro autos de acusación separados contra cuatro personas por explotación infantil.
De acuerdo a las autoridades, los detenidos son: Héctor Rafael Cuadrado, de 44 años; Héctor Luis Olmedo, de 27 años; Frederick Jesús Pinto, de 23 años y Daniel Delgado, de 31 años.
Según los documentos judiciales, todos los acusados poseían, recibían y distribuían a sabiendas material de abuso sexual infantil utilizando sus dispositivos móviles.
Los cuatro acusados se enfrentan a dos cargos cada uno, uno por recepción/distribución de material de explotación infantil y otro por posesión de material de explotación infantil.
«La Fiscalía de Estados Unidos se compromete a continuar nuestros esfuerzos conjuntos con nuestros socios estatales, locales y federales para localizar a estos delincuentes y garantizar que sean procesados con todo el peso de la ley», agregó Muldrow.
Por su parte, Yariel Ramos, agente especial encargado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) dijo que esta investigación «sacó a la luz la inquietante realidad que se esconde tras el intercambio de material de abuso sexual infantil: personas que comparten imágenes explícitas de menores sin remordimientos y que revictimizan a esos niños».
Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a penas por recepción y distribución de material de explotación infantil, una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una pena máxima de 20 años de prisión y dos por posesión de material de explotación infantil con una pena máxima de 10 años de prisión.
Un juez de un tribunal federal de distrito determinará las penas tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
