San Juan, 17 de noviembre de 2021 (EFE) – La Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de la Cámara 515, que establece el deber del gobernador de rendir cuentas a la Legislatura sobre las acciones que realice el Ejecutivo durante estados de emergencia, según fue divulgado a través de un comunicado este miércoles.
El comunicado indica que el proyecto responde a preocupaciones levantadas entre los legisladores, juristas y organizaciones civiles en torno a la amplia discreción que han ejercido sucesivos gobernadores durante los estados de emergencia declarados en Puerto Rico en años recientes.
La medida, que fue radicada por el representante José Bernardo del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) junto a representantes de todos los partidos políticos, requiere una justificación por escrito del gobernador cuando un estado de emergencia es decretado por más de 60 días.
Servirá para que el Gobierno rinda cuenta, entre otras cosas, de cualquier procedimiento o medida que haga posible la otorgación de contratos.
Asimismo, prohíbe al gobernador la suspensión de leyes mientras la Legislatura esté en sesión.
El proyecto también requiere el consentimiento de la Asamblea Legislativa para extender un estado de emergencia por más de 6 meses.
«Puerto Rico ha pasado de un estado de emergencia a otro sin un marco legal claro que rija esos periodos. Por esa razón, gran parte del estado de derecho durante toda la pandemia del covid-19 se ha determinado por órdenes ejecutivas emitidas por una sola persona», señaló Bernardo.
«El Proyecto de la Cámara 515 establece un marco legal claro para garantizar un balance adecuado de poderes entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa durante periodos así y establece mecanismos de rendición de cuentas sobre el manejo de una emergencia», expresó.
Bernardo, quien es el principal promotor del proyecto, dijo que la aprobación expedita de contratos y permisos, así como el desembolso apresurado de fondos públicos que ocurren durante los estados de emergencia, pueden abrir las ventanas para que se cuele la corrupción gubernamental durante estos periodos.
Sostuvo que el Proyecto de la Cámara 515 propiciaría la fiscalización necesaria en estos periodos ante casos como, por ejemplo, la compra millonaria de pruebas de covid-19 ocurrida en 2020 a contratistas con poco o ningún peritaje e historial en el campo de suplidos médicos.
«Tras los huracanes Irma y María y los terremotos del sur son muchas las áreas que requieren atención y existen muchos proyectos pendientes desde entonces», indicó.
«No obstante, la aprobación expedita de contratos y permisos no puede convertirse en la norma para eximir al gobierno de cumplir con los requisitos básicos creados en ley para proteger el interés público y evitar la corrupción», sostuvo.
El Proyecto de la Cámara 515 contó con autores de todos los partidos políticos, pues hubo un consenso en torno al vacío legal que existe actualmente y la necesidad de atenderlo con premura.
