SAN JUAN, Puerto Rico – En un pronunciamiento reciente, la Unión Internacional de Magistrados (UIM), una entidad profesional y apolítica que agrupa a jueces y magistrados de 92 países, ha expresado su preocupación por la situación de los salarios de los magistrados en Puerto Rico. El Grupo Iberoamericano de la UIM, con sede en São Paulo, Brasil, ha emitido un comunicado urgente solicitando la aprobación del Proyecto del Senado 1292, una medida destinada a actualizar los salarios de jueces y juezas puertorriqueños tras más de dos décadas sin incrementos significativos.
El Proyecto del Senado 1292, que busca enmendar la Ley de la Judicatura de 2003, se ha estancado en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. La UIM recalca que esta inacción legislativa impide que los magistrados de la isla reciban una remuneración acorde con sus responsabilidades y el coste de vida actual. Además, resalta que la Junta de Supervisión y Administración Financiera ya autorizó los fondos necesarios para estos aumentos.
El Grupo Iberoamericano de la UIM destaca que la adecuada remuneración de los jueces es fundamental para garantizar su independencia y capacidad para atraer y retener a los mejores profesionales en el sistema judicial. Enfatiza que la falta de un salario competitivo no solo desmotiva a los actuales magistrados, sino que también disminuye su prestigio ante la opinión pública y otros poderes del Estado.
La UIM exhorta a la Cámara de Representantes de Puerto Rico a considerar la importancia de la función judicial en la protección de los derechos humanos y la libertad, y a actuar de manera que refleje el respeto y la armonía entre los poderes del Estado. Este llamado se produce en un contexto donde la remuneración de los jueces no solo se ha estancado, sino que efectivamente ha disminuido en términos reales debido a la inflación y otros factores económicos.
El comunicado de la UIM subraya la trascendencia de un Poder Judicial motivado, respetado y capaz de desempeñar su rol esencial en la sociedad. La organización internacional hace un llamado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para que apruebe el proyecto de ley, enfatizando que la independencia y eficacia del sistema judicial dependen en gran medida de la capacidad de sus miembros para desempeñar sus funciones sin preocupaciones económicas.
