San Juan, Puerto Rico (EFE) – Seis organizaciones de carácter comunitario, municipal, ambiental y agroecológico presentaron este martes un recurso de apelación para que se prohíba el establecimiento de proyectos industriales de energía en reservas agrícolas y ecológicamente sensitivas.
Argumentaron que es «irracional e incorrecta» la determinación del Tribunal de Primera Instancia de desestimar el recurso de Mandamus aludiendo que el Negociado de Energía tiene jurisdicción exclusiva para identificar si deben establecerse los proyectos de energía renovable en la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico.
Plantearon que, en la jurisprudencia, el Tribunal Supremo no ha reconocido jurisdicción exclusiva a una agencia y tampoco ha reconocido un recurso adecuado en ley ante una agencia que niega tener jurisdicción y peritaje sobre ese aspecto.
Por ello, el recurso presentado es el único remedio disponible para requerir al Negociado que cumpla con su deber ministerial e identifique los lugares aptos para viabilizar la integración de la energía renovable y aplicar el Plan de Uso de Terrenos (PUT).
«La sentencia constituye un fracaso de la justicia. Tiene el efecto de permitir la violación continua con el PUT y la pérdida de miles de tierras agrícolas catalogadas por ley como ‘imprescindibles», alegaron los demandantes.
Está pendiente la consideración por el Negociado de probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable, sin que antes se identifique para estos la ubicación y los lugares aptos.
Durante el proceso judicial, los demandantes presentaron un estudio que estipula que los proyectos tienen un impacto combinado de 5.961 cuerdas de terreno, de las cuales el 85 % se encuentran en terrenos de protección identificados por el PUT.
Mencionaron que el incumplimiento agrava la vulnerabilidad de la vida y propiedad de las personas en Puerto Rico ante el cambio climático, las emergencias, inundaciones y huracanes.
«Ninguno de los proyectos industriales propuestos a ubicarse en la Reserva Especial Agrícola aporta al componente fundamental y crítico para un sistema eléctrico resiliente y seguro, ni mitiga los daños ante emergencias», subrayaron.
El grupo de organizaciones demandantes se compone de la Liga de Ciudades de PR Inc., la Organización Boricua de Agricultura Eco Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., el Comité Diálogo Ambiental, Inc. y Sierra Club Puerto Rico.
Las partes demandadas son el Negociado de Energía, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Oficina de Gerencia y Permisos, la Junta de Planificación y el Estado Libre Asociado.
