San Juan, 06 jul (EFE News) – Diecisiete organizaciones afiliadas a la Central Puertorriqueña de Trabajadores se proponen impulsar un plan de lucha contra la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la imposición de la Ley PROMESA.
El presidente de la CPT, Emilio Nieves, señaló este martes que tras cinco años de una Junta de Supervisión Fiscal «que impone medidas de austeridad, de amenaza de recortes a las pensiones, aumentos en tarifas de los servicios esenciales, congelación de salarios, eliminación de derechos de los trabajadores del sector público y privado, cierres de escuelas y privatización de servicios esenciales, entre otras medidas nocivas y perversas, no podemos limitarnos a quejas y denuncias ante la dictadura colonial de la JSF».
«Tenemos que unirnos como pueblo y elevar nuestra resistencia para combatir y unirnos a una sola voz para reclamar ante el Congreso de los Estados Unidos que nos libere de la Ley PROMESA y de la imposición de la Junta, para dar paso a un proceso justo que conduzca a ejercer como pueblo nuestro derecho a la quiebra, a proteger servicios esenciales e impulsar un plan criollo de desarrollo económico sostenible”, agregó
“Reconocemos que solos no vamos a lograrlo. Requiere de una amplia unidad de pueblo. Ya no es suficiente continuar con protestas contra la Junta de forma aislada. Todas las víctimas de la Junta y de la Ley PROMESA tenemos que lanzarnos a la calle y elevar nuestro reclamo al Congreso de Estados Unidos. Desde el gobernador, los legisladores, los alcaldes, los trabajadores del servicio público y privado, las madres con hijos en el programa de Educación Especial, los policías, los maestros, los oficiales de corrección, la comunidad universitaria, los empleados de la salud, los pensionados, los periodistas. Todas las personas que sufrimos la congelación de salarios y los aumentos en tarifas de agua, luz, peajes”, agregó.
Nieves afirmó que “como recientemente establece un informe del Centro para una Nueva Economía: PROMESA, luego de cinco años, es un experimento fracasado que además nos ha costado más de 1.500 millones. No podemos esperar 5 o 10 años más porque la ruta de los puertorriqueños bajo PROMESA y la JCF va a ser más pobreza y más emigración. Tenemos que sacar a la Junta Fiscal de Puerto Rico y crear una estructura o Cumbre Social en la cual, con participación de todos los sectores sociales, políticos, económicos y sindicales, diseñar un Plan de Desarrollo Económico sustentable que propenda al desarrollo socio-económico y pueda prevenir cualquier crisis fiscal.
El presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la AAA, Luis De Jesús, manifestó que no «podemos dar paso al intento del Gobernador y la Junta de Control Fiscal para privatizar la AAA porque el agua es un servicio esencial que no puede estar sujeto a fuerzas del mercado que encarecen ese servicio. No podemos permitir que privaticen el agua, la energía eléctrica, la educación y la seguridad de nuestro país porque significa que vas a tener el servicio que puedas comprar, no el que el gobierno ofrezca por los principios de justicia social que está obligado a garantizar. Por otro lado, la Legislatura tiene que actuar para dar paso a las enmiendas a la Ley de las APP que le hemos sometido para que no se negocie la privatización a puertas cerradas y en colaboración con la Junta».
La presidenta de la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL) – unión que representa a empleados profesionales y técnicos de CLARO – Telizia Dolz, expresó que más de 600.000 trabajadores del sector privado «luchan contra la legislación que quiere imponer la Junta de Control Fiscal para quitar o reducir derechos como las licencias de enfermedad y vacaciones, bonos, tiempo probatorio entre otras medidas abusivas que se dirigen a una mayor explotación de los trabajadores. Repudiamos el intento de la JCF para impedir que se apruebe el Proyecto de la Cámara núm. 3 para restablecer los derechos que teníamos antes de la Ley 4 de 2017. Además, hay que impulsar que el salario mínimo de un trabajador alcance, de forma escalonada, los $15 dólares por hora. Basta ya de migajas para los trabajadores”.
Por su parte, Andrés Miranda, de la Federación de pensionados y jubilados argumentó que el «juego que tiene la Junta y el Gobernador con los pensionados, luego de la aprobación de la Ley 7 Para un Retiro digno, tiene que detenerse. Los datos evidencian que los pensionados son pobres que no aguantan más recortes en una etapa de vida en la cual aumentan los gastos médicos, de medicamentos, de cuido y transportación, entre otros. Los pensionados tenemos que tirarnos a la calle porque en la casa se le facilita a la Junta matarnos.”
“Estos son algunas de las expresiones de los que somos víctimas de la JSF. Tenemos que impulsar la agenda de Puerto Rico y eliminar la agenda de PROMESA y la JSF. Juntos podemos detener la Junta y emprender la ruta de la recuperación y desarrollo de Puerto Rico. Para eso necesitamos la voluntad de un pueblo unido en la resistencia y la esperanza. Esa es la ruta que desde hoy impulsa la Central Puertorriqueña de Trabajadores,” concluyó el líder sindical.
