SESA, industriales y constructores denuncian impacto económico de la medida incluida en la reforma contributiva
SAN JUAN, Puerto Rico – La propuesta de eliminar la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los sistemas solares y sus baterías recibió fuertes críticas este miércoles durante una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por el legislador Eddie Charbonier Chinea.
La medida, contenida en el Proyecto de la Cámara 1014 que impulsa la gobernadora Jenniffer González como parte de su reforma contributiva, busca derogar la Sección 4030.17 del Código de Rentas Internas. De aprobarse como está, impondría un 11.5 % de IVU a la venta y arrendamiento de sistemas solares desde el 1 de julio de 2026.
La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA) advirtió que la propuesta tendría efectos adversos sobre más de 200,000 hogares que ya utilizan energía solar, mayormente de ingresos bajos, moderados y medios, según clasificaciones federales. “Para estas familias, solar no es un lujo, sino una vía esencial para asegurar su estabilidad energética frente a los apagones y facturas eléctricas elevadas”, sostuvo Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la entidad.
Rúa explicó que un sistema promedio con placas y baterías podría aumentar de unos $30,000 a más de $33,400 con la imposición del IVU, mientras que en el caso de los arrendamientos solares, el impacto sería inmediato: un pago mensual típico de $200 subiría cerca de $23, equivalentes a $276 al año y más de $5,000 a lo largo de un contrato de 20 años.
Además del efecto sobre las familias, SESA alertó que la medida afectaría la economía en general, ya que el sector solar ha generado más de $6,000 millones en inversión privada, sostiene al menos 10,000 empleos directos y aporta 1,400 megavatios (MW) de capacidad instalada a la red. “La energía solar en Puerto Rico salva vidas y economías individuales. Las 200,000 familias que han instalado sistemas solares literalmente han estado reconstruyendo la red eléctrica para el bien de todos”, expresó Rúa.
La Asociación de Industriales también rechazó la propuesta. Denisse Flores, miembro de su Junta de Gobierno, advirtió que el impuesto elevaría los costos de inversión, afectaría la competitividad de las empresas y frenaría la adopción de tecnologías que permiten reducir gastos operacionales. “Industrias que están planificando o ya ejecutan proyectos de energía solar podrían tener que revisar sus presupuestos e incluso posponer inversiones”, señaló.
En la misma vista, la Asociación de Constructores de Puerto Rico hizo un llamado para que la próxima fase de la reforma contributiva incluya una revisión del modelo de arbitrios aplicados al desarrollo de proyectos de construcción. El licenciado Rafael del Valle, abogado de la organización, propuso uniformar la estructura de costos de construcción, al considerar que estos cargos son onerosos para el desarrollo de vivienda en la isla. “Solicitamos que se actúe con prontitud para reducir estos cargos y contribuciones si deseamos fomentar que más proyectos formales puedan desarrollarse para atender la necesidad acumulada de vivienda de nuestros jóvenes profesionales”, dijo.
El representante Eddie Charbonier Chinea, por su parte, reafirmó que la Cámara no aprobará impuestos adicionales y que se enmendará el proyecto para eliminar tanto el impuesto solar como el arbitrio de importación a vehículos híbridos o eléctricos. No obstante, indicó que aún esperan información crucial del componente fiscal del Ejecutivo y advirtió que, si no es entregada, acudirá a los tribunales. “La información que le pedimos a los secretarios es sumamente importante… No comunicarse con las comisiones legislativas atrasa el proceso”, afirmó.
Charbonier aseguró que la meta es rendir un informe sobre el proyecto antes del 1 de febrero. En tanto, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, estimó que la eliminación de la exención al IVU en sistemas solares representaría ingresos por $18 millones, pero tanto SESA como la Asociación de Industriales argumentaron que esa cantidad puede obtenerse del presupuesto del Fondo General, que asciende a $13,095 millones.
La Comisión de Hacienda anunció que celebrará una próxima vista pública este lunes con la participación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Asociación de Bancos. Durante la audiencia de este miércoles también estuvieron presentes portavoces de todas las delegaciones políticas, incluidos los vicepresidentes de la Cámara.
