Profesionales de la salud, juristas y líderes políticos advierten sobre miedo, retrocesos en derechos y riesgos para la democracia
SAN JUAN, Puerto Rico – Profesionales de la salud, organizaciones feministas, juristas y figuras políticas se manifestaron hoy frente al Capitolio para denunciar lo que describieron como una ofensiva legislativa contra los derechos reproductivos en Puerto Rico. La protesta y conferencia de prensa se produjeron tras la aprobación en el Senado del Proyecto del Senado 923, medida que redefine el delito de asesinato e incluye al concebido no nacido como persona desde cualquier momento de gestación.
Durante la actividad, la doctora Enid Quintana, jefa de residentes de medicina de familia en la Universidad de Puerto Rico, advirtió que este tipo de legislación “va en contra de los estándares de cuidado que nosotros juramos proveer a nuestras pacientes”.
Señaló que Puerto Rico ya enfrenta una escasez significativa de obstetras y ginecólogos, lo que convierte a los médicos de atención primaria en el primer enlace con mujeres en edad reproductiva y personas potencialmente embarazadas.
“Si los médicos tienen miedo de practicar la medicina, van a dejar de ver pacientes”, expresó Quintana. “La mitad de los pacientes de cualquier médico son mujeres y muchas de ellas en edad reproductiva. No podemos darnos el lujo de que ni un médico deje de atenderlas”.
La médica aseguró que el impacto de estas medidas ya se siente aun sin haberse aprobado todas las propuestas. “Las pacientes tienen miedo de llegar a los lugares y de accesar servicios porque no saben si esto es legal o no”, dijo.
Relató que recientemente orientó a una paciente que buscaba un aborto con medicamentos y que, al referirla, le pidió que se apurara el proceso porque “van a prohibir el aborto la próxima semana”.
Desde el ámbito legislativo, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño María de Lourdes Santiago denunció que existe “una agenda declarada de parte de los sectores más retrógrados del país de intervenir con los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas”.
Recordó que el Proyecto del Senado 923 fue aprobado sin vistas públicas ni consulta ciudadana.
“En Puerto Rico no existe un problema con el aborto”, afirmó Santiago.
“Lo que se está generando es la impresión de que los profesionales de la salud pueden ser criminalizados y perseguidos, promoviendo algo terrible que es la práctica defensiva de la medicina”.
Advirtió que este clima puede llevar a que médicos se nieguen a ofrecer servicios a mujeres embarazadas, una situación que describió como insostenible para el país.
La exsenadora y expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico Ana Irma Rivera Lassén fue contundente al criticar la agenda legislativa actual. A su juicio, estas medidas buscan convertir los cuerpos de las mujeres y personas gestantes en propiedad del Estado durante el embarazo.
“Esto es una barbaridad, es como volver siglos atrás”, expresó.
“Aquí están tratando de ser más trumpistas que Trump”. Rivera Lassén sostuvo que no se trata únicamente del aborto, sino de un proceso más amplio de desmantelamiento de derechos fundamentales. “Cuando tú quitas derechos aquí y quitas derechos allá, al final lo que estás quitando son derechos esenciales como la intimidad, el control sobre la vida y el acceso a la salud”, añadió.
Como portavoz de la organización Aborto Libre Puerto Rico, la profesora de Derecho Yanira Reyes Gil explicó que los efectos de esta legislación ya son inmediatos.
“Las mujeres tienen temor de acudir a procedimientos médicos de aborto y temor de que puedan ser criminalizadas”, indicó. Añadió que médicos y médicas también temen atender mujeres embarazadas, especialmente en casos de alto riesgo, por posibles consecuencias jurídicas.
“Este proyecto lo único que ocasiona es una confusión legal que pone en riesgo la libertad, la autonomía y la salud de las mujeres”, sostuvo Reyes Gil, quien reclamó a la Cámara de Representantes que no continúe aprobando medidas sin vistas públicas.
“A los legisladores se les ha olvidado que su responsabilidad principal es representar el interés público y escuchar a las personas que van a ser directamente impactadas”.
La jurista también alertó sobre el impacto de estas iniciativas en el sistema democrático. “Cada vez se borra más la separación entre la iglesia y el Estado”, señaló.
“Las creencias religiosas están protegidas, pero no pueden imponerse a otras poblaciones. La política pública no puede basarse en credo religioso, sino en la razón y en los derechos humanos”.
Las portavoces coincidieron en que el Proyecto del Senado 923 no afecta únicamente el derecho al aborto, sino que amenaza el acceso general a la salud en un país donde ya se han cerrado salas de parto y cada vez hay menos ginecólogos obstetras.
Rechazaron además la narrativa de un supuesto turismo de aborto hacia Puerto Rico, recordando que la práctica está altamente regulada por el Departamento de Salud y que las estadísticas son públicas.
La manifestación concluyó con un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y exigir procesos legislativos transparentes y participativos. Las participantes subrayaron que este debate no concierne solo a las mujeres, sino a toda la sociedad puertorriqueña, al tratarse de un asunto de salud pública, derechos humanos y democracia.
