La medida legislativa fue convertida en ley ayer, jueves, por la gobernadora Jenniffer González
SAN JUAN (EFE) – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), feministas, religiosas, salubristas y defensoras de derechos humanos criticaron la firma del Proyecto del Senado 923, que tipifica como asesinato la muerte a un concebido no nacido.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU local, enfatizó que aunque el aborto en Puerto Rico es legal, el que la Legislatura no haya celebrado vistas públicas «es en sí misma una violación del proceso de participación ciudadana y de la sana gestión legislativa».
La medida legislativa fue convertida en ley ayer, jueves, por la gobernadora Jenniffer González.
En opinión de Martínez Orabona, con esta acción, la gobernadora «valida el proceder antidemocrático del liderato legislativo actual, que aprobó de forma expedita la medida sin vistas públicas, un proceder que no permitió escuchar y analizar las posturas de grupos y personas potencialmente impactadas».
«El liderato legislativo no cumplió con esa responsabilidad que tiene con el pueblo y la gobernadora tampoco», apuntó.
Tras la firma de la gobernadora, el MVC y su Red de Redes, junto a feministas, religiosas, salubristas y defensoras de derechos humanos celebraron una vigilia frente a La Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño, en rechazo al proyecto senatorial.
El objetivo de la ‘Vigilia por el Derecho a Decidir’ fue para exigir se detenga ya la aprobación de medidas que atentan con la salud y autonomía de las mujeres y personas gestantes.
Agustina Luvis, de la Red de Espiritualidad y Filosofías de Vida del MVC, criticó a la gobernadora y su firma al proyecto por no «respetar la vida de las mujeres y el derecho a decidir sobre los asuntos de su cuerpo y de su salud, con nuestras creencias religiosas y filosóficas».
Por su parte, Mayra Vicil Bernier, de la Red de Derecho, Justicia y Seguridad del MVC, recalcó que la medida, «aunque se presenta como una medida de protección a la vida, en realidad crea un grave problema legal, constitucional y práctico para el sistema judicial y de salud en Puerto Rico».
«Esa sola acción altera por completo la estructura de nuestro Código Penal, un sistema que no fue diseñado para procesar embarazos, decisiones médicas ni emergencias obstétricas como crímenes violentos», destacó.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en junio de 2022 la histórica sentencia conocida como ‘Roe contra Wade’, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, se han presentado numerosos proyectos de ley en Puerto Rico para limitar el aborto, pero todos hasta ahora habían fracasado.
La diferencia, según alegan los expertos, es que bajo la Constitución federal el aborto no es un derecho fundamental, pero en Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU., está protegido por el derecho constitucional a la intimidad.
