SAN JUAN, Puerto Rico – En un contexto de creciente precarización, las organizaciones comunitarias que ofrecen servicios a mujeres, niñas y personas trans feminizadas en Puerto Rico enfrentan una alarmante reducción de fondos que pone en riesgo programas esenciales para estas poblaciones.
Así lo documenta el Estudio sobre el perfil e impacto de las organizaciones comunitarias que ofrecen servicios a mujeres y niñas cisgénero, transgénero y personas trans feminizadas en Puerto Rico, comisionado por la Fundación de Mujeres de Puerto Rico y realizado por Estudios Técnicos, Inc.
El informe, pionero en su clase en la isla, revela que un 61% de estas organizaciones ha visto reducidos sus fondos operacionales. Esta situación, combinada con el alza en los costos y las limitaciones en contratación de personal, ha obligado a un 38.9% a disminuir sus servicios y a un 11.1% a detener operaciones temporalmente.
“Estas organizaciones no solo ofrecen ayuda: salvan vidas, reconstruyen dignidades y reconfiguran comunidades enteras”, afirmó Verónica Colón, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico.
“Este estudio fue una apuesta política y social por visibilizar el rol esencial de las entidades feministas, muchas veces invisibilizadas por el Estado, pese a su profundo impacto”, añadió.
El informe detalla que el 77.8% de las organizaciones trabaja en la atención y prevención de la violencia de género; el 55.6% realiza actividades de educación y concienciación sobre derechos de las mujeres y personas trans; y un 27.8% ofrece servicios de vivienda. En promedio, cada organización brinda atención directa a 340 personas al año.
Estas cifras reflejan más que estadísticas: son rostros y vidas que encuentran refugio y afirmación en estos espacios. Angélica, mujer trans y participante de uno de los programas comunitarios, compartió cómo el acceso a formación en carpintería y un ambiente libre de prejuicios transformaron su vida. “Fue bien queer, literalmente el más queer de todos los queer en los que he estado”, expresó con orgullo. Hoy lidera iniciativas de reconstrucción tras huracanes, desafiando estereotipos desde su trinchera.
Sofía, madre sobreviviente de violencia doméstica, encontró no solo asistencia legal y psicológica, sino un entorno donde sanar junto a sus hijes.
“Me ofrecieron un lugar seguro donde podía respirar y sentirme protegida”, compartió. Ana María, otra participante, resumió su experiencia con contundencia: “Recibí psicología, mentoría, y gracias a las herramientas que me dieron, ahora puedo decir que soy una mujer libre”.
Además de los testimonios, el estudio incluye un análisis de costo-beneficio que demuestra la eficiencia de estas organizaciones: por cada dólar invertido, se generan entre $3.38 y $4.11 en beneficios sociales y económicos, lo que valida su impacto más allá del ámbito emocional o comunitario.
Las recomendaciones del informe son claras: se necesita estabilidad financiera mediante subvenciones recurrentes, desarrollo de capacidades administrativas, fortalecimiento de alianzas intersectoriales y sistematización de resultados para incidir en política pública. “No es suficiente con reconocer su valor. Estas organizaciones merecen acompañamiento, recursos y el respeto institucional que históricamente se les ha negado”, sentenció Colón.
En un país donde el Estado muchas veces falla en atender las necesidades más básicas de poblaciones vulnerabilizadas, estas organizaciones han sido, y siguen siendo, el primer —y en ocasiones único— recurso para sobrevivir, sanar y resistir. Su permanencia es una cuestión de justicia social.
