San Juan, 20 de diciembre de 2021 (EFE) – Unas 27 organizaciones ambientales de Puerto Rico le solicitaron este lunes a la jueza Laura Taylor Swain, responsable de la reestructuración de la deuda pública local, que no apruebe el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), pues alegan que provocaría daños ambientales en la isla.
En la carta, las organizaciones sostienen que este nuevo plan incluye realizar cambios a leyes laborales, de impuesto y regulaciones que permitirían que nuevos desarrollos se lleven a cabo en Puerto Rico a través del desmantelamiento de procesos de permisos.
«Queremos llamar la atención a las consecuencias nefastas que el Plan de Ajuste va a tener en la salud, el ambiente y nuestra capacidad de atender el cambio climático. El asunto de la deuda de Puerto Rico también es un asunto ambiental», dijo Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática.
En la misiva, las organizaciones también alzan su voz y alertan que la aprobación del PAD ocasionará daños mayores.
«Por eso, le pedimos a la jueza que preste mayor atención a este tema según lo evalúa, particularmente el impacto que tendrá la flexibilización de los permisos de construcción y las regulaciones que protegen el ambiente y a las comunidades», indicó Eva Prados, del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
A su vez, el abogado ambientalista Pedro Saadé afirmó que tanto el Gobierno de Puerto Rico, particularmente el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, como la Junta de Supervisión Fiscal «utilizan el ajuste de la deuda como excusa para aprobar y construir proyectos sin límites, afectando así áreas naturales y la salud ambiental».
«A la larga, esto afecta a Puerto Rico y hace menos factible aún el pago de la deuda en el futuro», expresó.
Finalmente, Sary Rosario, de la Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo, sostuvo que con la aprobación del PAD, las comunidades vulnerables donde se carece de ecojusticia, estarían «más expuestas a la degradación de nuestro medio ambiente y por consiguiente de nuestra salud si estas regulaciones ambientales son eliminadas».
«Sería nefasto para el desarrollo integral y sostenible de Puerto Rico que perdamos las pocas leyes y regulaciones de acceso a la justicia ambiental que actualmente nos cobijan», dijo.
