SAN JUAN, Puerto Rico – En un movimiento que ha generado consternación entre los profesionales del cine, la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR) ha emitido una alerta sobre la aprobación del proyecto P del S 904 por parte del Senado de Puerto Rico.
Dicha medida se tomó sin la realización de vistas públicas ni un informe previo del Departamento de Justicia, rompiendo con los procedimientos democráticos habituales.
El proyecto, promovido por los senadores Thomas Rivera Schatz y José Luis Dalmau Santiago, propone modificar la Ley 133 del 14 de junio de 1980, conocida como la «Ley sobre Prácticas Justas en la Distribución y Exhibición de Películas Cinematográficas».
Entre las enmiendas más controversiales se incluye la eliminación de la restricción que actualmente impide a los exhibidores de películas actuar también como productores o distribuidores, la autorización para que una empresa distribuidora pueda gestionar salas de cine y la reducción de las penalidades por infracciones a esta ley, de delito grave a delito menos grave.
Juan Carlos García, presidente de AdocPR y reconocido cineasta, criticó duramente estas modificaciones: “Estas enmiendas están claramente diseñadas para beneficiar a una sola empresa, que ya ejerce un monopolio de facto en el sector de exhibición de películas en Puerto Rico. Esto restringe la competencia y la libertad de mercado, y su expansión podría ser perjudicial para el desarrollo sostenible de nuestra industria cinematográfica”.
Por otro lado, Inés Mongil, tesorera de la Asociación y destacada productora, señaló que la medida favorece injustamente a una pequeña fracción privilegiada de la comunidad cinematográfica, marginando a los sectores más amplios y vulnerables de esta industria.
“En lugar de otorgar más poder a una entidad ya dominante, se deberían investigar y regular las prácticas monopolísticas”, afirmó Mongil.
Ante esta situación, AdocPR ha hecho un llamamiento a la Cámara de Representantes, instándola a seguir el proceso democrático adecuado en el tratamiento de este proyecto.
Esto incluye la solicitud de un informe y evaluación por parte del Departamento de Justicia y la organización de vistas públicas que permitan a los cineastas expresar sus preocupaciones y opiniones sobre las implicaciones de esta ley.
La comunidad cinematográfica de Puerto Rico se encuentra en vilo, esperando que su llamado a la transparencia y la participación democrática sea atendido antes de que se concrete cualquier cambio que pueda afectar de manera significativa al futuro del cine en la isla.
