La Coalición Defiende a Cabo Rojo denuncia que el PS 0777 facilitaría la urbanización en terrenos ecológicos vulnerables y limita la participación ciudadana
SAN JUAN, Puerto Rico – La Coalición Defiende a Cabo Rojo levantó su voz de alarma ante el Proyecto del Senado 0777 (PS 0777), una medida que propone enmendar el Artículo 6.007 de la Ley 107-2020, conocida como la Ley del Plan Territorial. Según denunciaron, esta legislación abriría la puerta al desarrollo urbano en terrenos clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP), comprometiendo la integridad ecológica de zonas de alto valor natural en Puerto Rico.
La organización expresó que la enmienda eliminaría la restricción actual que prohíbe de forma categórica el uso urbano en estos terrenos, sustituyéndola por cuatro excepciones “amplias y ambiguas”. Estas nuevas disposiciones permitirían el desarrollo si un proyecto es designado como “estratégico, prioritario o de infraestructura crítica” por un municipio o una agencia del gobierno central.
“Esto es un retroceso peligroso en la protección de nuestros recursos naturales. El proyecto ‘Esencia’ en Cabo Rojo ya ha sido designado como estratégico, lo que le permite acogerse a permisos acelerados pese a su impacto sobre hábitats frágiles”, advirtió la Coalición en un comunicado.
Entre las excepciones contempladas en el PS 0777 figura la autorización de desarrollos relacionados con generación de energía eléctrica. Aunque la Coalición reconoce la necesidad de una transición energética, denuncian que esta no puede lograrse a costa de los ecosistemas más vulnerables del país.
También critican que otras excepciones se basen en estudios técnicos o planes de mitigación, al considerar que estos mecanismos “son sujetos a interpretación y no garantizan una protección efectiva”. A su juicio, este cambio legislativo socava el principio mismo del SREP, que es la preservación a largo plazo de terrenos con valor ecológico, arqueológico o paisajístico.
Restricciones al acceso ciudadano y la justicia ambiental
La Coalición también condenó dos disposiciones adicionales del proyecto que, afirman, limitan severamente la capacidad de las comunidades para fiscalizar el cumplimiento de la ley y defender los terrenos protegidos.
Una de ellas prohíbe al Plan Territorial impedir todo uso de una propiedad sin previa compensación, lo que podría hacer inviable la zonificación conservacionista por sus costos económicos para el Estado. “Esto podría obligar al gobierno a permitir desarrollos en áreas que deberían mantenerse intactas por su importancia ecológica”, indicaron.
La segunda medida impone una fianza obligatoria mínima del 10 % del valor del proyecto para cualquier solicitud de paralización judicial («injunction»). La Coalición denuncia que esta cláusula “busca silenciar la protesta” y hacer financieramente imposible el acceso a la justicia para organizaciones comunitarias y ambientales. En el caso del proyecto “Esencia”, por ejemplo, una fianza bajo esta fórmula podría ascender a 100 millones de dólares.
Llamado a la acción
Ante este panorama, la Coalición Defiende a Cabo Rojo exigió a la Cámara de Representantes y a la gobernadora electa, Jennifer González, que rechacen categóricamente el PS 0777.
“El Suelo Rústico Especialmente Protegido no es tierra disponible para el desarrollo. Es un activo natural vital para la biodiversidad, la seguridad hídrica, la prevención de inundaciones y el bienestar de las futuras generaciones”, subrayaron.
La organización concluyó su pronunciamiento instando a la ciudadanía a contactar a sus representantes y a la gobernadora para exigir la retirada del proyecto. “Preservar el SREP no es un obstáculo al desarrollo. Es una inversión en el presente y futuro de Puerto Rico, protegiendo nuestros paisajes, nuestros recursos y nuestra identidad”, afirmaron.
