La Asociación de Alcaldes pidió reconsiderar la cancelación del dinero destinado a proyectos de resiliencia energética para familias vulnerables
SAN JUAN (EFE)
El presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero, informó este sábado que le escribió una carta al secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, notificándole su preocupación ante el recorte de $350 millones para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico de Puerto Rico.
Según explicó González Otero en un comunicado, los $350 millones fueron cancelados el pasado 9 de enero, adicionales a otros $365 millones que fueron anulados por el Departamento de Energía en adjudicaciones bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF).
El PR-ERF fue establecido por el Congreso Federal mediante la Ley Pública 117-328, conocida como la ‘Ley Consolidada de Asignaciones de 2023’, la cual autorizó $1,000 millones para actividades dirigidas a fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico de la isla.
Dicho fondo ayudaría a subvenciones para 12,000 familiares u hogares de ingresos bajos y moderados y hogares con personas con discapacidades para la compra e instalación de energía renovable, almacenamiento energético y otras tecnologías de red.
«Son miles las familias puertorriqueñas que pueden beneficiarse de estos fondos, y estamos en la dinámica de solicitar formalmente una reconsideración», señaló González Otero.
«Reasignar esos fondos a proyectos generales de transmisión, distribución o generación centralizada, aunque puedan ser necesarios, no atiende directamente a las familias que el Congreso buscó beneficiar», agregó.
Ante todo ello, González Otero recomendó a Wright que establezca un mecanismo de transición que permita completar las instalaciones ya iniciadas, utilizar el equipo adquirido y almacenado, y honrar los compromisos asumidos con los subrecipientes que actuaron de buena fe conforme a los acuerdos firmados.
Además, pidió que publique un informe detallado sobre los proyectos específicos, cantidades asignadas, contratistas y cronogramas asociados a los fondos redirigidos, junto con el análisis legal correspondiente que demuestre consistencia con la Ley Pública 117-328, para que los municipios puedan coordinar adecuadamente su planificación de emergencias.
