Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (6 de julio de 2021) – En momentos cuando el gobierno del presidente Joe Biden ha logrado un acuerdo con 130 países para establecer a nivel internacional una tasa contributiva uniforme de 15% a las corporaciones, con el fin de eliminar las exenciones contributivas con fuente para la atracción de inversiones, especialmente en los llamados paraísos fiscales, los alcaldes del país le han solicitado al Congreso que apruebe un tratamiento especial contributivo a Puerto Rico.
La petición de los alcaldes pretende que el Congreso conceda a las corporaciones que se ubiquen en la Isla una exención contributiva que les permita deducir cada dólar que inviertan en infraestructura, nómina y equipo en las contribuciones que pagan en Estados Unidos. La exención tendría el objetivo de promover el crecimiento de la manufactura para crear más empleos y desalentar la migración de puestos de trabajo a otros países.
La Asociación de Alcaldes (AA), que integra los alcaldes del Partido Popular Democrático, y la Federación de Alcaldes (FA), que agrupa a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, también le solicitaron al Congreso que se enmienda la Ley federal Promesa para disponer que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) deberá abandonar el país seis meses después de que se hayan certificado los acuerdos de reestructuración de la deuda.
La ley Promesa establece actualmente que la JSF habría terminado su gestión luego de que el gobierno local logre aprobar cinco presupuestos balanceados y de que haya cumplido con el pago de la deuda durante esos cinco años, dos requisitos cuya ocurrencia será posterior a los acuerdos de reestructuración de la deuda.
Los alcaldes exigen que los municipios sean excluidos del alcance de la Ley Promesa y, por lo tanto, distantes de la jurisdicción de la JSF. Además, le solicitan al Congreso un lenguaje en la enmienda que ordene al gobierno local a pagar a los municipios un subsidio de $300 millones anuales por medio del Fondo de Equiparación, una fuente de ingresos restringida severamente por la JSF y que será cancelada en los próximos años.
El tratamiento especial que solicitan los alcaldes figura en la carta enviada el pasado 1 de julio al congresista Raúl Grijalva, quien preside el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, quien ha realizado múltiples gestiones para que la JSF atienda las quejas de diversos sectores locales afectados por sus determinaciones y por las medidas de austeridad que ha impuesto.
La misiva fue firmada por el alcalde Villalba, Luis Javier Hernández, quien preside la AA, y por el alcalde Guaynabo, Ángel Pérez, quien preside la FA, en el contexto de que Grijalva considera un proyecto de ley para introducir enmiendas a la Ley Promesa.
“Necesitamos revertir el rumbo en Puerto Rico. Le instamos a que incluya un lenguaje que proporcione un crédito fiscal dólar por dólar por inversiones y por nuevos empleos en Puerto Rico. Trataría a Puerto Rico con distinción frente a jurisdicciones verdaderamente extranjeras con las que competimos por trabajos de manufactura. El enfoque de crédito fiscal revertiría la migración de trabajos de Puerto Rico a jurisdicciones en el extranjero y ayudaría a recuperar trabajos bajo la bandera de Estados Unidos en Puerto Rico”, sostuvieron los alcaldes en la carta.
Los alcaldes sostienen que la Ley Promesa fue creada durante la administración del presidente Barack Obama para abordar la quiebra del gobierno central y de las corporaciones públicas, pero en tales objetivos no estaban los municipios.
A pesar de que los municipios tradicionalmente han devengado beneficios de las emisiones de bonos que efectuaba el gobierno central y sus corporaciones y de que es conocido el intenso cabildeo que los alcaldes han realizado en la Legislatura para que fueran aprobadas determinadas emisiones de bonos, en la misiva por los presidentes de la AA y la FA alegan que los municipios no han tenido ninguna participación en la deuda de $72,000 millones.
Estos beneficios surgían de obras públicas que se construirían en sus jurisdicciones con los fondos que generarían la venta de bonos o por medio de la distribución de los sobrantes de determinadas emisiones de bonos, que la Legislatura asigna a través de resoluciones conjuntas.
“Designar a todos los municipios como instrumentalidades territoriales cubiertas parece excesivo y un ejercicio arbitrario de discreción en la aplicación de Promesa, particularmente cuando ninguno de los gobiernos municipales fue la fuente de la deuda de $72 mil millones que motivó la promulgación de Promesa. De hecho, las obligaciones financieras de los gobiernos municipales con el Banco Gubernamental de Fomento se cumplieron según lo acordado y ordenado por el Código Municipal de Puerto Rico, que requiere un pago anticipado de un año en estas obligaciones. La JSF debe tener un alcance y una función limitados, por lo que le pedimos que exima a los municipios del alcance del estatuto de la JSF y de Promesa”, indicaron los alcaldes.
La misiva menciona que un grupo de trabajo que fue creado por Promesa para hacer recomendaciones sobre desarrollo económico, favoreció que el Congreso brinde a las empresas estadounidenses que invierten en Puerto Rico un tratamiento fiscal más competitivo.
Pero los alcaldes se quejan de que el Congreso no ha actuado sobre las recomendaciones del grupo de trabajo y que, contrario a lo esperado, impuso un impuesto conocido como Gilti, porque se impone contra el ingreso global intangible con bajos impuestos, que afectó a las empresas ubicadas en la Isla.
“De hecho, el Congreso, justo después de que las recomendaciones fueran incluidas en un informe y justo después de que el huracán María causara una destrucción mortal en Puerto Rico, promulgó una ley tributaria que convirtió a Puerto Rico en una jurisdicción menos atractiva para la inversión y el crecimiento del empleo”, indicó la carta en referencia a la reforma contributiva avalada por la administración del presidente Donald Trump, que aunque bajó las contribuciones a las corporaciones estadounidenses, le impuso el Gilti, que asciende a 10. 5 % y cobija los llamados activos intangibles como patentes, marcas comerciales y derechos de autor obtenidos por una subsidiaria extranjera.
