La Asociación de Alcaldes reclama revertir medida que exige aprobación federal para compras y contratos sobre $100,000
SAN JUAN (EFE) – La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico advirtió este martes que la nueva política relacionada con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) representa una seria amenaza para la recuperación de la isla y para la estabilidad fiscal de los municipios.
La directriz, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exige su aprobación personal para todas las compras, contratos y subvenciones de FEMA que superen los $100,000.
«Esta política representa un impacto fuerte en Puerto Rico conociendo la realidad diaria de nuestras comunidades», expresó el presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero.
«Esta medida, lejos de ser un mero trámite administrativo, podría paralizar proyectos esenciales, retrasar pagos a contratistas y poner en riesgo la reconstrucción que con tanto esfuerzo hemos encaminado tras el paso de los huracanes Irma y María», agregó.
La Asociación de Alcaldes se unió al reclamo del comisionado residente, Pablo José Hernández, y otros congresistas, quienes han solicitado a FEMA y al Departamento de Seguridad Nacional que reconsideren esta directriz.
La organización municipalista resaltó que el retraso en el flujo de fondos federales podría provocar la pérdida de fondos previamente aprobados por incumplimiento de plazos y generar atrasos en pagos por fases de construcción, aumentando el costo final de las obras.
Además, podría impactar negativamente la economía local al reducir empleos, actividad de contratistas y recaudos municipales por arbitrios de construcción.
«Cada día de retraso en un desembolso puede significar una escuela que no se repara a tiempo o una familia que sigue esperando por un techo seguro. Puerto Rico no puede darse el lujo de que decisiones burocráticas en Washington frenen su progreso», lamentó González Otero.
La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico pidió a FEMA y al Departamento de Seguridad Nacional que evalúen, suspendan esta política y establezcan un proceso ágil, transparente y con comunicación directa a los gobiernos locales, que son quienes enfrentan la primera línea de respuesta ante emergencias.
«Nuestro llamado es claro: la reconstrucción de Puerto Rico no puede depender de trámites que retrasen la esperanza de nuestras comunidades. Las decisiones sobre fondos de emergencia deben ser rápidas, eficientes y centradas en la gente», finalizó González Otero.
