Bogotá (EFE) – Al menos 86 líderes sociales fueron asesinados en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de junio, según un informe publicado este miércoles por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
La edición 65 de la revista «Noche y Niebla» del Banco de Datos de esta ONG señala que «se obtuvo información del asesinato de 86 personas que ejercían liderazgo social».
«También se siguen cometiendo ejecuciones en la modalidad de ‘falsos positivos’ (como se conoce en Colombia las ejecuciones de civiles), con un registro de seis casos», agregó la información.
Igualmente fueron registrados 480 casos de «vulneraciones a los derechos humanos; infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario, y violencia político-social» en los que hubo «983 victimizaciones», según los datos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep y la Red Nacional de Bancos de Datos.
«Cifras globales muestran que los hombres fueron los más afectados por estas violencias, aunque la falta de información en algunos casos, no permite precisar con exactitud el número de víctimas en términos de sexo», detalla el informe.
VICTIMARIOS
Según el documento, los paramilitares, la Policía, la Fiscalía y Ejército fueron los principales perpetradores de las victimizaciones que dejaron las violaciones de DD.HH. en el primer semestre del año.
Al hablar de «infracciones graves» al derecho internacional humanitario consuetudinario, los principales responsables son las disidencias de las antiguas FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«También se registró un gran volumen de victimizaciones sobre las cuales no se pudo identificar a los victimarios», precisó el Cinep.
Justamente los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Santander, Arauca y Antioquia, donde el conflicto permanece latente, fueron los que más victimizaciones registraron entre enero y junio.
«Sin embargo, teniendo en cuenta que la situación de violencia política en Colombia es estructural y generalizada debe tenerse una mirada en todas las regiones y no descuidar aquellas donde pueden presentarse picos de violaciones dada su conflictividad por el control de las economías legales e ilegales, así como la disputa territorial y económica entre los grupos armados», dice el informe.
