Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
En la Legislatura buscan regular el desparramamiento de alquileres a corto plazo que abundan no sólo en zonas urbanas, sino también hasta en rurales, y la principal empresa que domina el mercado, Airbnb, se mostró a favor de la legislación. Pero el apoyo corporativo fue condicionado a que no les limiten crecer en zonas residenciales.
En una audiencia ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes celebrada ayer trascendió que la Compañía de Turismo sólo tiene un auditor para fiscalizar las operaciones de sobre 5,000 de estas propiedades, pero existen serias discrepancias sobre el total de esos negocios. Pero las cifras no cuadran.
Datos de Foundation for Puerto Rico apuntaron a que el sector de alquileres a corto plazo dejó recaudos de $23.7 millones en 2022, pese a que, de acuerdo con los ingresos reportados por Discover Puerto Rico para el mismo sector, este debió ascender a $40.3 millones, si se aplica la tasa existente de 7%. Pero el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo, Miguel Vega, citó estimados que apuntan a que, en la práctica, hay “unas 30,000 unidades dedicadas a esta actividad, y de estas, 4,600 están ubicadas en San Juan. El 84% son apartamentos o residencias dedicadas 100% a la renta a corto plazo todo el año”.
El director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, Carlos Muñoz, respaldó la medida, con condiciones. Sostuvo que a Airbnb le preocupa que se limite el crecimiento de este tipo de alquiler a sólo el 30% de unidades en zonas residenciales si esas propiedades no tienen una variación de uso de residencial a comercial que otorga la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). Fueron enfáticos al señalar que si eso se mantiene en la legislación propuesta, podría afectar el negocio de miles de personas que dependen de la renta de sus hogares para obtener ingresos extra.
“En una zona residencial los puertorriqueños que dependen de los ingresos que generan con el alquiler a corto plazo se les hará imposible obtener una variación para obtener un permiso de uso comercial. En promedio, en 2022 una propiedad completa en Puerto Rico se rentó(sic) un promedio de 80 noches al año, y los cuartos privados 27 noches. El alquiler a corto plazo es una actividad residencial. Hay boricuas que aprovechan diversos momentos del año para generar ingresos extra alquilando su hogar”, mencionó Muñoz.
El Proyecto de la Cámara 1557 impone el límite de este tipo de alquileres ante la preocupación general porque estos negocios han cambiado entornos en zonas residenciales. Existe preocupación por la cantidad de personas que entran y salen de edificios de apartamentos o de urbanizaciones, las fiestas excesivas y el cambio social. Muchas personas se quejan de la proliferación de fiestas, actos de delincuencia y otras actividades que alteran los entornos en las comunidades.
El portavoz de Airbnb celebró la propuesta de crear un registro uniforme en toda la isla para que puedan estar informados sobre la cantidad de alojamientos y el crecimiento del sector. Asimismo, expuso estar de acuerdo con los requerimientos de tener en un lugar visible su número de registro contributivo, la inclusión de guías para la formulación de un plan de emergencia ante el posible paso de un huracán, así como la instalación de detectores de humo y de monóxido de carbono, además de extintores.
“En momentos en los que se habla de una posible recesión económica, es de suma importancia que el 92% de los anfitriones que están basados en la isla puedan seguir generando sus ingresos y aportando a la economía del país”, agregó Muñoz.
En julio pasado AirbnB anunció un estudio en el que alegaron aportar sobre $875 millones al Producto Interno Bruto de Puerto Rico. El estudio hecho por la firma Oxford Economics sostuvo Airbnb crea 24,000 empleos, tiene sobre 16,000 unidades de alquiler que es igual a los hoteles, generan $300 millones, pero los huéspedes dejan $1,700 millones a la economía local.
Muñoz mencionó que desde el 2017, Airbnb ha retenido y pagado a la Compañía de Turismo de Puerto Rico más de $50 millones de dólares por concepto del pago del Impuesto sobre el Canon de Ocupación de Habitación (room tax).
El impacto estimado de lo que gastan las personas que vienen a quedarse en alquileres de corto plazo no sólo a Aibnb sino en Vrbo y otras empresas, se estima que superará los $8,000 millones en el 2025, según ese estudio de Oxford Economics. Esto incluye los gastos en alojamiento, restaurantes, transporte y entretenimiento, entre otros.
Sin embargo, la mayoría de esos alquileres están controlados por acaparadores. Uno de los principales acaparadores es el hijo del gobernador Pedro Pierluisi, Anthony Pierluisi, según un estudio hecho por un analista federal desde los Estados Unidos y que revelamos hace tres semanas En Blanco y Negro con Sandra. Según ese estudio hecho por el analista Norberto Quiñones Vilches, la empresa del hijo del gobernador, West Indies Vacation Rentals controla el área de San Juan con sobre 88 alquiles y aparece dominando también en el primer lugar en Vieques y en las zonas sur y oeste de la isla.
“Entendemos las preocupaciones de los representantes, de los Anfitriones (dueños de alquileres) y las comunidades por lo que queremos continuar colaborando a fin de lograr una regulación que también beneficie a todos de manera uniforme”, concluyó Muñoz.
La vista de ayer fue presidida por el representante José «Cheíto» Rivera Madera, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara.
