Por Marcos Pérez Ramírez
Especial para EyBoricua
(Joyuda, Cabo Rojo, 6 de junio)- La casa rodante del expresidente de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras (ACT), Moisés Sánchez Loperena, fue removida en la madrugada del lunes 6 de junio del predio de playa en el kilómetro 13.7 de la carretera 102, del barrio Joyuda, Cabo Rojo, que ocupaba desde el mes de marzo del año pasado.
Asimismo, EyBoricua se enteró mediante una de sus fuentes en el Departamento de Recursos Naturales y Ambiantales (DRNA) que la agencia estaría emitiendo una resolución final en torno a esta controversia, pero la fuente no precisó cuándo ocurrirá. La determinación será producto de al menos dos de las querellas que se han radicado.
En tanto, el legislador municipal del Partido Independentista (PIP) en Cabo Rojo, Guarionex Padilla Marty, convocó a una manifestación relámpago a las 4:00PM en el predio de playa en Joyuda. Sin embargo, a las 3:30 PM ya había un grupo de manifestantes que comenzaron a remover la verja de ciclone fence que impedía el acceso a la playa.
A las 4:00 PM los manifestantes habían removido toda la verja de ciclone fence y se recuperó el acceso público a la playa.
Más temprano, la remoción de la casa rodante y la plataforma de madera que llegaba a la zona marítimo terrestre ocurrió durante las horas de la madrugada del lunes 6 de junio. Tanto la casa rodante como la edificación del deck de madera que llegaba a la zona marítimo terrestre son ilegales, según la opinión de expertos que analizaron esta controversia para EyBoricua.
Pasadas las 9:00 AM del día de hoy, un automóvil Subaru Forester, color gris, fue divisado por una de las fuentes de EyBoricua mientras sacaba objetos del predio de unos 30 pies de playa que estaba ocupado por una casa rodante marca Coleman, un deck de madera que estaba en la zona marítimo terrestre y una verja de ciclon fence, que sigue en pie.
En el predio de playa aún permanece la verja que separaba al deck de madera de la arena, así como el BBQ. Se llevaron los tres kayaks y unos paddle boards que estaban en el lugar desde el pasado miércoles cuando EyBoricua reveló esta controversia.
En tanto, pasadas las 10:00 AM, la periodista Millie Méndez entrevistó a Anaís Rodríguez Vega, secretaria interina del DRNA, quien también confirmó que la agencia podría emitir una determinación final sobre esta controversia «en los próximos días o más allá en una semana y media, a más tardar, el personal técnico debe tener su informe preparado».
La secretaria interina fue enfática al señalar en el programa Dígame la Verdad, transmitido por Radio Isla 1320 que «si hay alguna violación que no haya duda, hay los recursos y mecanismos para dejar sin efecto cualquier concesión concedida por el Departamento [DRNA]».
La pasada semana concluyó sin que la Autoridad de Carreteras (ACT) emitiera declaración alguna sobre estas denuncias. La agencia tampoco ha precisado si el Señor Sánchez Loperena aun cuenta con la confianza del director ejecutivo de la ACT, ingeniero Edwin González Montalvo, o si el expresidente de la Junta de Subastas será objeto de alguna pesquisa administrativa. Nada. Respuestas evasivas. Una tras otra.
Asimismo, el señor Sánchez Loperena no ha respondido a los textos y peticiones de entrevista que ha enviado EyBoricua, y sus perfiles en las redes sociales de LinkedIn y Facebook fueron borrados.
Por su parte, la secretaria interina del DRNA, Anaís Vega, había advertido mediante una comunicación escrita enviada a EyBoricua el 2 de junio de la semana pasada que, “habrá consecuencias según los hallazgos que se determinen”, tras anunciar que el departamento “encaminó una investigación amplia sobre unas reclamadas violaciones a las leyes ambientales que protegen la zona marítimo terrestre en el área de Joyuda, en Cabo Rojo”.
El DRNA también entregó el permiso de concesión que firmó el exsecretario de la agencia Rafael Machargo, a favor de Blue Bay Village, empresa propiedad del señor Moisés Sánchez Loperena.
El punto número 12 de las condiciones establece que “durante la vigencia de esta Concesión no se podrá efectuar modificaciones, ampliaciones, alteraciones o reconstrucciones, que puedan implicar una mayor área de ocupación en los terrenos de dominio público marítimo terrestre, sin que media una autorización previa por escrito del Departamento” (Subrayado del documento original)
Las fotos que publicó EyBoricua evidencian una posible violación al permiso concedido a Blue Bay Village, ya que se construyó una verja de aluminio que aísla a la playa de la carretera PR-102 y el humedal vecino, así como una terraza en madera que termina en el mar.
“La verja de ciclon fence no se puede construir. Tiene que ser una verja de madera por la que puedan discurrir especies por debajo, que migran entre la playa y el humedal que está detrás, como cangrejos, cangrejos hermitaños, aves, etc. Asimismo, están usando más de 29 pies de la zona marítimo terrestre como estipula el permiso, que no permite la construcción de ese deck. Todos los cambios, como la construcción de la verja, el deck, requieren otra autorización. Eso no parece que sucedió aquí. Otro aspecto importante es que tanto la descripción de la empresa, como lo que evidencian las fotos recientes es que no están claros que los usos que se le dan a la concesión estén relacionados al recurso agua y sí a un alquiler vacacional a corto plazo”, advirtió el Arquitecto Pedro Cardona Roig, exvicepresidente de la Junta de Planificación en el reportaje publicado por EyBoricua.
¡Sigue pendiente a EyBoricua para la actualización de esta noticia!
