El acuerdo entre Justicia y la Procuradora de Personas de Edad Avanzadabusca agilizar servicios, acompañamiento y acceso a la justicia ante el aumento de casos en Puerto Rico
SAN JUAN (EFE) – La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez, y la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela, firmaron este lunes un acuerdo interagencial para fomentar servicios dirigidos a la población de adultos mayores víctimas de delito, en una acción concreta de política pública para fortalecer y proteger sus derechos.
«Este acuerdo nos permite acercar los servicios directamente a las fiscalías, agilizar la respuesta a las víctimas a través del trabajo interagencial y atender cada caso con la sensibilidad, el rigor jurídico y el sentido de urgencia que merece. El mensaje es contundente: ningún adulto mayor estará solo en su proceso de búsqueda de justicia», remarcó Gómez.
Ambas partes rubricaron el documento en conferencia de prensa como respuesta directa al aumento en casos que afectan a esta población en varias jurisdicciones de Puerto Rico.
El objetivo principal es que los adultos mayores víctimas de delito puedan recibir, de manera ágil, efectiva y en un mismo lugar, la atención y los servicios disponibles a través de ambas entidades.
Esta alianza integra esfuerzos y servicios de los fiscales de la Unidad Especializada de Maltrato de Adultos Mayores y la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos de Delitos del Departamento de Justicia (DJ), junto al proyecto PROVIEN de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA).
«Vamos a acompañar, orientar y defender con firmeza a quienes necesiten y se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Nuestros adultos mayores requieren de nuestro total apoyo y acompañamiento en este tipo de situaciones», añadió la secretaria de Justicia.
Por otro lado, la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela destacó que con este acuerdo se trasladará el conocimiento especializado y la experiencia trabajando con adultos mayores directamente a las fiscalías para reforzar los servicios que ofrece el DJ y asegurar que cada adulto mayor víctima de delito reciba orientación, apoyo y protección.
Por su parte, el director estatal de AARP Puerto Rico, José R. Acarón, puntualizó que «alianzas como estas promueven un enfoque de innovación en el acceso a la justicia para los adultos mayores».
Como parte de la implementación de esta iniciativa, cuatro coordinadores de Programas para Envejecientes de la OPPEA serán destacados en las fiscalías de los distritos de Bayamón, San Juan, Ponce y Aguadilla, jurisdicciones que han reportado un alza significativa en este tipo de delito.
Los coordinadores ofrecerán servicios dos días a la semana desde las propias sedes de las fiscalías, acercando la respuesta del Estado a quienes más la necesitan.
A su vez, las demás jurisdicciones podrán coordinar con los técnicos de servicios a víctimas adscritos a estas cuatro regiones, a fin de que ofrezcan estos servicios en otras fiscalías de forma ágil y eficiente.
Entre los servicios adicionales que brindará el personal de la OPPEA se incluyen orientación para el mejoramiento de la calidad de vida, información sobre recursos disponibles, referidos a servicios especializados y asistencia con servicios de nutrición en el hogar.
Asimismo, colaborarán con los técnicos de servicios a víctimas del Departamento de Justicia en la orientación y acompañamiento en solicitudes de órdenes de protección y procesos civiles en los tribunales y/o lugares en que se requiera el apoyo.
Con este acuerdo, ambas agencias establecen mecanismos formales para compartir información, estadísticas, informes mensuales y documentación sobre los casos atendidos, así como para desarrollar adiestramientos conjuntos que continúen especializando a su personal.
Los referidos para estos servicios serán canalizados por el Ministerio Público o por el personal de las Oficina de Asistencia a las Víctimas y Testigos de Justicia.
La OPPEA dará seguimiento a cada caso referido e informará a dichas oficinas sobre las gestiones realizadas y sus resultados, garantizando en todo momento estrictos estándares de confidencialidad y protección de datos.
El Departamento de Justicia proveerá los espacios físicos y acceso a recursos en las fiscalías para facilitar la labor de los coordinadores, mientras que la OPPEA continuará sufragando los costos del personal de PROVIEN con fondos del programa federal autorizado por la ‘Victims of Crime Act of 1984’ (VOCA, por sus siglas en inglés).
