La falta de control local sobre funciones esenciales vuelve a exponer cómo la dependencia federal limita la capacidad de Puerto Rico para responder a una crisis en su infraestructura aérea
Es un autor, escritor, empresario, asesor y defensor de la soberanía nacional y la descolonización puertorriqueña radicado en Nueva Jersey y Puerto Rico. Sus libros incluyen “PREXIT: Forjando el camino a la soberanía puertorriqueña” y “Puerto Rico: Hacia una economía nacional soberana.”
La crisis actual en los aeropuertos de Puerto Rico no es un incidente aislado ni un problema técnico temporal. Es una manifestación clara de un modelo político agotado: el colonialismo administrativo que impone decisiones externas, desconectadas de nuestra realidad, y somete funciones esenciales del país.
Los problemas con la falta de personal de la Transportation Security Administration (TSA), las largas filas, la frustración de los viajeros y las renuncias masivas de agentes que no reciben sus salarios son el resultado de un cierre parcial del gobierno federal que está fuera del control del pueblo puertorriqueño.
La gobernadora Jenniffer González reconoció la gravedad de la situación en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín e incluso intentó utilizar fondos locales para pagar los salarios de los agentes federales. Esto, por sí solo, debería ser motivo de alarma y vergüenza: una colonia tratando de financiar funciones de un gobierno federal extranjero que, además, le impide hacerlo. No solo es ineficiente, sino que también resulta humillante desde el punto de vista institucional.
El gobierno federal, a través del Department of Homeland Security (DHS), impidió esa iniciativa. En consecuencia, Puerto Rico no tiene la capacidad de pagar, administrar ni tomar decisiones. Esa es la raíz del problema. Como colonia o como un estado hipotético con dos senadores, el resultado sería el mismo: Puerto Rico quedaría desprovisto de poder y a la espera de que otros determinen qué hacer.
Mientras tanto, desde Washington, el presidente Donald Trump ha evaluado la posibilidad de desplegar agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en los aeropuertos para reemplazar funciones de seguridad aeroportuaria para las que no están capacitados. Esta idea no solo evidencia improvisación federal, sino que también plantea un grave riesgo operativo.
La seguridad en los aeropuertos no es algo que pueda sustituirse ni improvisarse rápidamente con agentes adiestrados para capturar y perseguir inmigrantes; no es lo mismo que la seguridad aeroportuaria. Requiere capacitación especializada, protocolos técnicos y experiencia que toman tiempo adquirir.
Lo más destacado de esta crisis no es el caos federal, sino cómo responde, o no, el gobierno inepto del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Existe una opción clara, legal y comprobada: el Screening Partnership Program (SPP), autorizado por la ley federal Aviation and Transportation Security Act de 2001 (49 U.S.C. § 44920). Este programa permite a los aeropuertos gestionar su seguridad mediante compañías privadas certificadas. Actualmente, al menos 20 aeropuertos en Estados Unidos, como San Francisco (SFO), Kansas City (MCI) y Sarasota (SRQ), ya operan bajo este modelo.
Puerto Rico podría hacer lo mismo.
Incluso, se podría ir más allá: establecer una Agencia de Seguridad Aeroportuaria de Puerto Rico, gestionada localmente, con personal capacitado y adaptado a nuestras particularidades. Esta no es una propuesta radical; es la práctica habitual en países soberanos de todo el mundo. La pregunta que surge es: ¿por qué todavía no se ha implementado?
La respuesta no es técnica. Es ideológica.
Para el PNP, cuyo proyecto político se centra en la estadidad, resulta sumamente incómodo aceptar que Puerto Rico puede gestionar eficazmente una función clave, como la seguridad aeroportuaria. El éxito operacional puertorriqueño representa una amenaza para el PNP. Esto evidenciaría, de manera práctica e irrefutable, que el país es capaz de gobernarse a sí mismo y no necesita la tutela federal. Tal realidad desafía directamente la narrativa colonial que sostiene que Puerto Rico necesita del gobierno federal para operar en estas esferas importantes.
En otras palabras, actuar en el mejor interés del país, es decir, tomar el control de la seguridad aeroportuaria, socavaría el argumento político de la dependencia.
Por eso no se actúa.
En su lugar, se prefiere que el pueblo puertorriqueño asuma las consecuencias nefastas del conflicto político en Washington, como retrasos, inseguridad, pérdida económica y el deterioro del turismo. Se opta por la inacción habitual en lugar de reconocer capacidades.
Este episodio también revela una contradicción moral significativa. Puerto Rico, sin voto en el Congreso y sin representación efectiva en las decisiones federales, se ve afectado directamente por disputas políticas que no puede controlar. Aunque Puerto Rico tuviera voz y voto en el Congreso, todavía se vería afectado por este caos federal, como ocurre actualmente en varios estados. Cuando Puerto Rico intenta buscar soluciones propias, encuentra obstáculos federales. Es un sistema creado para limitar, no para empoderar.
La crisis actual en los aeropuertos debe interpretarse como una lección política. No es solo cuestión de filas largas o de vuelos retrasados, sino de soberanía operativa: quién toma las decisiones, quién administra y quién asume la responsabilidad. Mientras la gobernadora le ríe las gracias al presidente Trump y el comisionado residente sigue ignorando la realidad colonial como un avestruz con la cabeza en la arena, el pueblo debe saber que sí hay opciones que deben considerarse.
En un Puerto Rico soberano, ya sea independiente o en libre asociación, esta situación no ocurriría. Las agencias de seguridad serían puertorriqueñas y las decisiones se tomarían en San Juan, no en Washington. Si surge algún problema, lo solucionaríamos en San Juan, entre nosotros; no esperaríamos a que extranjeros se pongan de acuerdo en Washington, D.C. Los conflictos políticos en otros países no afectarían nuestra infraestructura crítica.
Y, sobre todo, jamás volvería a verse un gobierno puertorriqueño solicitando autorización para pagar salarios de una agencia federal extranjera en su propio territorio. Qué vergüenza es el gobierno colonial.
Hoy, los aeropuertos enfrentan una crisis. Mañana, será en otros sectores clave: energía, puertos, salud y finanzas.
La cuestión no es si Puerto Rico puede gobernarse, sino cuánto más estamos dispuestos a sacrificar para mantener un modelo colonial que nos impide hacerlo.
Los cambios más importantes fueron “desprovisto” en lugar de “despavorido”, “le ríe” en lugar de “le ría”, “habitual” en lugar de “familiar”, y varios ajustes de comas, fluidez y precisión gramatical.
