El representante Denis Márquez alerta sobre el impacto en la fiscalización ciudadana de proyectos que podrían violar la ley
SAN JUAN, Puerto Rico – La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes discutió este lunes una serie de medidas que buscan enmendar la Ley de Reforma de Permisos, incluyendo el controvertido Proyecto de la Cámara 310, que pretende imponer condiciones más estrictas para que ciudadanos puedan recurrir a los tribunales en casos de controversias relacionadas con permisos de construcción.
La propuesta recibió el respaldo de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación (JP), pero también enfrentó críticas significativas. El representante Denis Márquez Lebrón expresó su oposición tajante, advirtiendo que la aprobación de este proyecto “limitaría el acceso” de personas y colectivos al sistema judicial, obstaculizando así la fiscalización ciudadana que históricamente ha frenado desarrollos ilegales o dañinos para el ambiente.
La medida obligaría a quienes presenten solicitudes de interdictos, mandamus o sentencias declaratorias a probar la existencia de un daño específico, personal y reparable, alejándose de alegaciones que puedan considerarse hipotéticas. Según sus proponentes, los representantes Jorge “Georgie” Navarro Suárez y Luis “Josean” Jiménez Torres, el objetivo es evitar el uso “especulativo” de estos recursos judiciales.
Por su parte, la OGPe subrayó que el marco de legitimación estatutaria es comparable al de la Ley sobre Política Pública Ambiental. La JP, en voz de su presidente Héctor Morales Martínez, recomendó precisar los criterios para revocar permisos otorgados con información incorrecta, destacando que no todo error implica mala fe.
Además, se consideró el Proyecto del Senado 81, que permitiría interpretar como no vinculantes las recomendaciones de agencias que no se expresen dentro de los plazos establecidos. Aunque la OGPe favoreció acortar estos términos, varios legisladores, incluidos Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y José Hernández Aponte, señalaron riesgos significativos para la protección de áreas ecológicas y la transparencia del proceso.
Hernández Aponte recordó que actualmente investiga, mediante la Resolución 224, la legalidad de los permisos para una gasolinera proyectada junto al Río Grande de Loíza, resaltando las inconsistencias del sistema de permisos vigente.
Los debates continúan, mientras organizaciones ambientales y representantes de distintos partidos evalúan el posible impacto de estas medidas sobre la fiscalización ciudadana y la protección ambiental en la isla.
