San Salvador (3 de mayo de 2021) EFE- Una veintena de organizaciones de la sociedad civil advirtieron este lunes de la posibilidad de una crisis económica en El Salvador tras la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Fiscal General.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, destituyó el sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por supuestamente cometer «fraude a la Constitución» y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia.
La decisión -la primera del nuevo Congreso, que tomó posesión el sábado- ha sido duramente cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que la han calificado de inconstitucional y que ven amenazado el Estado de derecho.
El economista Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo en una conferencia de prensa que «muchas veces se piensa que los aspectos democráticos están separados de los aspectos económicos pero no es así, tarde o temprano una crisis democrática se traduce en una crisis económica».
Señaló que lo que acontece en El Salvador «puede provocar, por ejemplo, un aumento en el precio de los bienes y servicios -es decir un aumento de la inflación-, un aumento del desempleo que a su vez se traduce en un aumento de la deuda y también en un aumento de la pobreza y la desigualdad».
Castaneda apuntó que, este día, los precios en los bonos en los mercados internacionales «han tenido una caída muy grande en el caso de El Salvador, lo que es el primer impacto que uno puede observar».
«Los inversionistas extranjeros están viendo con preocupación lo que está pasando en el país, porque al final cuando hay un rompimiento del Estado de derecho se están rompiendo las reglas del juego», señaló.
Indicó que esta situación también podría afectar en las negociaciones que El Salvador sostiene con organismos internacionales para préstamos, como por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que se ha solicitado un acuerdo económico por hasta $1,400 millones.
«Las negociaciones se van a complejizar por lo que está sucediendo en el país (…) es fundamental que la ciudadanía sepa que lo que está pasando actualmente con la Sala de lo Constitucional y con la Fiscalía tarde o temprano -quizá más temprano que tarde- va a tener un impacto directo en el bolsillo de los y las salvadoreñas», advirtió el economista.
El Icefi señaló recientemente que la deuda pública de El Salvador «podría alcanzar» el 100 % de su producto interno bruto (PIB) en los próximos años.
Indicó que, «influenciado por la pandemia del covid-19», el saldo de la deuda al final de 2020 de El Salvador alcanzó el 87 % del PIB, que crecería hasta el 89.4 %, «de validarse los resultados de 2021».
De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, la deuda pública del país llegó a $22,625.53 millones al cierre del 2020.
La deuda pública de 2020 es superior en $2,817 millones de dólares, lo que representa un incremento del 14.22 % respecto a los $19,808 millones registrados en 2019.
Por su parte, la deuda externa pasó de $9,981 millones en 2019 a $11,152 millones en 2020, una diferencia de $1,171 millones y que representa un incremento de aproximadamente el 11.74 %.
DESCONOCEN A MAGISTRADOS
Las organizaciones señalaron en un comunicado que no reconocen a los nuevos magistrados y pidieron que se cumpla la sentencia de inconstitucionalidad -emitida la noche del sábado- en la que se declara que la medida «viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista» establecido en el artículo 85 de la Constitución.
«No podemos reconocer a la Sala que nombraron, que no es una Sala porque es una usurpación de un poder que no les corresponde y tampoco podemos reconocer a la Fiscalía General», manifestó Andreu Oliva, rector de la jesuita Universidad Centroamericana.
Las ONG también demandaron al presidente Nayib Bukele y a la Asamblea Legislativa que «respeten el orden democrático» y que «se abstengan de continuar con estas acciones equivocadas que solo ponen en peligro el bienestar y la paz que con tanta dificultad costado ir alcanzando».
