San Juan, Puerto Rico (EFE) – El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, informó este martes de que la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (PR-MFCU, por sus siglas en inglés), presentó cargos contra una trabajadora social de 49 años, por cometer un esquema de fraude y explotación financiera contra cinco adultos mayores, en un centro geriátrico.
“La explotación financiera de las personas de edad avanzada es un delito procesado por el Departamento de Justicia con vehemencia y rigor, conforme a nuestro compromiso de salvaguardar los derechos de esta población. Como ciudadanos, todos debemos estar alertas para detectar y defender a los adultos mayores», expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.
La fiscal Kristia Díaz formuló 36 cargos que incluyen fraude, maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, explotación financiera a personas de edad avanzada y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Conforme a la investigación, la imputada logró apropiarse mediante el esquema ilegal de sobre $28,000 pertenecientes a cinco adultos mayores.
Desde el 2019 hasta el 2023, mientras Olguely Rosario Pérez trabajaba como trabajadora social del Centro Geriátrico Virgilio Ramos Casellas, utilizaba las tarjetas de débito de las cuentas personales de los perjudicados para realizar compras no autorizadas y retiros de dinero en efectivo de instituciones bancarias y cooperativas.
Además, se apropió de los fondos que recibían los adultos mayores como beneficios provenientes del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
El proceso investigativo estuvo liderado por la agente del Departamento de Justicia, Rosalía Berenguer, adscrita a la MFCU, en colaboración con el agente Carlos M. Villalobos, adscrito a la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía.
El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto en todos los cargos y le fijó a la imputada una fianza global de $279,000.
La defensa de Rosario Pérez se allanó a la determinación del Tribunal.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 2 de julio.
«Destaco y reconozco la labor excelente de los fiscales y agentes de MFCU, así como del Negociado de la Policía, a cargo del caso», añadió el titular de Justicia.
PR-MFCU, unidad dirigida por el fiscal Luis Freire Borges, está a cargo de investigar querellas sobre alegaciones de maltrato, negligencia y apropiación ilegal contra pacientes en facilidades que reciben fondos bajo el plan de salud del Programa de Medicaid.
Igualmente, atiende referidos para investigar las violaciones a las leyes estatales relacionadas al fraude en la administración del Programa de Medicaid en Puerto Rico.
