Las agencias señalaron durante una vista las limitaciones en la infraestructura y el sistema de riego del Valle de Lajas, mientras Turismo afirmó que no apoyaría el proyecto si no existe el servicio de agua necesario
SAN JUAN, Puerto Rico
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) advirtieron este jueves ante el Senado que la infraestructura existente y el sistema de riego del Valle de Lajas no tienen capacidad para atender la demanda de agua proyectada del desarrollo turístico-residencial Esencia en Cabo Rojo.
Los señalamientos surgieron durante una vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, presidida por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como parte de las investigaciones ordenadas mediante las resoluciones del Senado 9 y 459.
La ingeniera Ann Ventura, de la Oficina de Infraestructura de la AAA, explicó que la agencia evaluó la infraestructura necesaria para un proyecto que contempla 530 unidades hoteleras, 1,132 residencias turísticas, una escuela, campos de golf, comercios y otros componentes.
Según Ventura, la AAA determinó el 26 de septiembre de 2024 que la Planta de Filtración Betances, que suple a Cabo Rojo, no tiene capacidad para atender la demanda estimada de Esencia de 1,252,806 galones diarios.
“La infraestructura existente de la Autoridad no tiene la capacidad para suplir la demanda del proyecto”, sostuvo Ventura.
La funcionaria indicó que el Sistema de Lajas Urbano tampoco cuenta con capacidad suficiente. El Sistema de Mayagüez Urbano sí dispone de capacidad residual, pero serían necesarias mejoras para transportar agua desde el norte hacia el sur del municipio.
La AEE planteó una situación similar respecto al sistema de riego del Valle de Lajas. La licenciada Fabiola Rosa Roldán, asesora legal de Asuntos Jurídicos de la corporación pública, informó que el sistema opera actualmente a su capacidad máxima.
“El sistema de riego del Valle de Lajas no tiene la capacidad necesaria ni tan siquiera para servir de respaldo al Proyecto Esencia”, afirmó Rosa Roldán.
La representante de la AEE también advirtió que recurrir a pozos tendría que evaluarse con cautela debido a la presión que podría ejercer sobre acuíferos vulnerables a la intrusión salina. La agencia recomendó evaluar alternativas independientes, entre ellas la desalinización de agua de mar, y realizar una evaluación hidrogeológica rigurosa antes de autorizar extracciones.
Por su parte, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) explicó que su intervención en Esencia se limita a beneficios contributivos bajo la Ley 74-2010 y a una recomendación condicionada emitida en junio de 2025 dentro del proceso ambiental.
El licenciado Raúl Márquez indicó que los beneficios reconocen una inversión elegible de $1,244,229,092 y un crédito contributivo estimado de $497,691,636.80 distribuido en seis fases.
Márquez recalcó que la recomendación de Turismo no constituye un permiso ni certifica que exista suficiente agua para desarrollar Esencia.
“Los componentes puramente residenciales no constituyen, por sí solos, actividad turística elegible”, sostuvo Márquez, quien señaló que el diseño del proyecto es predominantemente residencial y recomendó reducir su escala.
El funcionario indicó además que Turismo recomendaría que la primera fase incluya simultáneamente la construcción de los hoteles Mandarin Oriental y Aman.
Según cifras contenidas en el expediente ambiental y que, de acuerdo con el documento, no han sido auditadas por Turismo, el proyecto consumiría 1,253,306 galones diarios cuando se encuentre en operación plena.
Márquez sostuvo que corresponde a la AAA y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales determinar si existe suficiente agua para el proyecto, pero indicó que Turismo no apoyaría un desarrollo donde no exista el servicio de agua.
Durante la audiencia también comparecieron representantes de la Coalición Defiende a Cabo Rojo, quienes cuestionaron la disponibilidad de agua y otros aspectos ambientales y administrativos del proyecto.
La organización sostuvo que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en diciembre de 2025 establece una necesidad de 1.5 millones de galones de agua diarios. Según cálculos de la propia coalición, esa cantidad equivaldría al 34 % del suministro total de agua potable de Cabo Rojo.
Los representantes del grupo solicitaron un balance hídrico completo y estudios hidrogeológicos independientes y de largo plazo antes de autorizar la extracción de agua mediante pozos.
También denunciaron que la OGPe aprobó la Consulta de Ubicación el 31 de julio de 2026 sin realizar vistas públicas, pese a haber recibido, según la coalición, más de mil solicitudes ciudadanas para celebrarlas.
Rivera Schatz afirmó durante los trabajos que el Senado examinará cualquier evidencia sobre posibles irregularidades.
“Si se demuestra que hay algo ilegal, nosotros le vamos a meter mano. Si se demuestra con evidencia y con la data que existe algún tipo de ilegalidad, nosotros vamos a confrontar a las agencias; pero necesitamos los datos, aquí no se viene a especular”, expresó el presidente senatorial.
El senador independiente Eliezer Molina Pérez cuestionó, por su parte, el trámite seguido por las agencias.
“Por primera vez en mi vida veo que la OGPe otorga unos permisos mientras todas las agencias del gobierno se oponen”, afirmó.
La Resolución del Senado 9 ordena investigar la información sometida por Cabo Rojo Land Acquisition a las agencias gubernamentales, el manejo de esos datos por parte del Estado y la compatibilidad del proyecto con los recursos, infraestructura y comunidades de la zona.
La Resolución del Senado 459 se concentra en investigar la capacidad del sistema de agua potable de Cabo Rojo y municipios limítrofes, además de los posibles riesgos para los acuíferos costeros y el sistema de riego del Valle de Lajas.
Rivera Schatz adelantó que la comisión continuará la investigación con la citación de otros deponentes.
