Ciudad de Panamá (EFE) – El acuerdo final de contrato entre el Gobierno panameño y la canadiense First Quantum Minerals para la explotación a largo plazo de una gran mina de cobre «es una herida de muerte a la institucionalidad y al patrimonio natural» de Panamá, afirmó este miércoles la directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Lilian González Guevara.
El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la minera canadiense anunciaron este miércoles que alcanzaron un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina Cobre Panamá, que establece ingresos mínimos de $375 millones al fisco – 10 veces más que hasta ahora – y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
El CIAM presentó en el 2009 un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato ley que 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina de cobre, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá S.A. (MPSA), filial de Firts Quantum.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión en respuesta al recurso del CIAM. Esta decisión fue la base para negociar un nuevo contrato, como ha explicado el Ejecutivo de Cortizo.
En un comentario enviado a EFE, González Guevara cuestionó que «nuevamente» se apeló a una «contratación directa», lo que «contraría de forma directa el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, a manos de un Órgano Ejecutivo que se adjudica decidir cuándo cumplir sus fallos o no».
A juicio de la directora del CIAM, el proceso de negociación del nuevo contrato, que «permitirá someter a dos distritos del país a daños ambientales irreparables por 40 años más (…) ha estado cargado de turbiedad y medias verdades».
Ello, «al tiempo que los graves incumplimientos ambientales del proyecto siguen sin ser adecuadamente investigados y sancionados», afirmó la dirigente ambientalista.
El anuncio del acuerdo final sobre el nuevo contrato «nada habla de los dos arbitrajes iniciados por la empresa contra el Estado panameño, que podrían implicar condenas incluso superiores a los pagos prometidos según la publicidad en el nuevo contrato y cuya costos tendrían que ser pagadas por nuestros hijos y nietos».
«Llamamos al Órgano Judicial y al Órgano Legislativo a ejercer el rol de balances y contrapesos ordenado por nuestra Constitución», agregó la directora del CIAM.
El contrato acordado por las partes será sometido a un proceso de consulta pública durante período no precisado, deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, por la Contraloría General y el Parlamento antes de su promulgación por parte del Ejecutivo, de acuerdo con la información oficial.
El CIAM, un ente fundado en el año 2007 por la sociedad civil para atender acciones legales de interés público en busca de justicia ambiental, como dice su página web, ya ha pedido antes una moratoria total de la minería en Panamá.
El Gobierno de Cortizo ha sido criticado con dureza por activistas que reclaman que la mina, que comenzó a exportar cobre en el 2019, opera en la «ilegalidad».
Organizaciones ambientalistas además han rechazado el nuevo contrato minero alegando que las ganancias prometidas nunca compensarán los perjuicios a las fuentes de agua y a la biodiversidad que tienen las 25.000 hectáreas de la concesión.
El convenio anunciado este miércoles se alcanzó tras más de un año de arduas conversaciones entre las partes, que ya en enero de 2022 había anunciado un acuerdo al respecto, después de cuatro meses de negociaciones, sin que se llegara a concretar la firma del mismo.
En ese contexto, el Gobierno había ordenado en enero pasado la suspensión de la operación de la mina, y la Minera Panamá S.A. (MPSA), la filial de First Quantum, solicitó a finales de febrero pasado la suspensión de más de 4.000 contratos laborales, lo que fue rechazado por el Ejecutivo. Las partes habían anunciado además litigios en la esfera internacional.
