Demandan a la Comisión Estatal de Elecciones para permitir inscripción de votantes hasta 30 días antes de los comicios
San Juan, Puerto Rico – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una petición ante la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico para solicitar una orden de restricción temporal (TRO), así como medidas cautelares preliminares y permanentes contra Jessika Padilla, presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), y la propia Comisión. El objetivo es garantizar el derecho de sus representados a inscribirse para votar hasta el 6 de octubre de 2024, como lo establece el artículo 5.11(2)(b), que permite la inscripción de votantes hasta 30 días antes de las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.
La ACLU argumenta que la CEE está limitando injustamente el derecho al voto al restringir el registro a 45 días antes de las elecciones, lo cual contradice lo dispuesto por la ley.
«Es el deber del Gobierno de Puerto Rico proporcionar todos los recursos necesarios a la CEE para que esta cumpla con sus obligaciones constitucionales y celebre las elecciones el 5 de noviembre de 2024, sin imponer cargas indebidas al derecho al voto de los ciudadanos», afirmó la ACLU en su demanda.
Uno de los puntos que subraya la petición es la falta de acción de la CEE en la promoción de la inscripción de votantes jóvenes. La decisión de la Comisión de eliminar las visitas a las escuelas secundarias en los últimos tres años ha sido señalada como una de las causas del bajo índice de participación juvenil en las pasadas primarias, un hecho destacado por observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).
Además, durante un procedimiento de revisión administrativa ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Caso No. SJ2024CV08617, el calendario de la CEE mostró que la lista final de electores registrados se completará el 11 de octubre de 2024. Esto demuestra que la limitación de la inscripción a 45 días antes de los comicios es irrazonable y va en contra de los 30 días establecidos por ley.
En conclusión, la ACLU argumenta que sin la intervención del tribunal, los derechos de los demandantes y otros votantes en situaciones similares se verán vulnerados. Exigen que el Gobierno de Puerto Rico asigne a la CEE los recursos necesarios para garantizar el derecho constitucional al voto, sin que la falta de organización o presupuesto afecte el proceso democrático.
