La organización exige la divulgación de documentos y alega que se violó la Ley 97-2013 que protegía la confidencialidad de los conductores indocumentados
SAN JUAN (EFE) – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico informó este miércoles que demandó al Gobierno local para exigirle que entregue todos los documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de unos 6.000 migrantes que obtuvieron licencias de conducir en la isla.
La acción surge luego de que el DTOP se negara a proveer copias de los requerimientos de información emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, así como las evaluaciones legales y la información que fue entregada para cumplir con dichos requerimientos.
Ante ello, la ACLU-PR exige la entrega inmediata de todos los documentos relacionados con el traspaso de datos de estos miles de migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Número 97 de 2013, según explicó el organismo en un comunicado.
«La intención legislativa de dicha ley era precisamente proteger los datos para fines no migratorios, por lo que el gobierno actuó ilegalmente al proveer dicha información a una entidad federal sin que aparentemente mediara una orden judicial firmada por un juez», sostuvo Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU-PR.
«Si esa orden existe, lo que estamos solicitando es, precisamente, que se haga pública, en cumplimiento con el mandato constitucional», agregó.
De acuerdo con la ACLU-PR, el pleito se fundamenta en la revelación pública de que el DTOP, entre febrero y marzo de 2025, entregó a agencias federales de inmigración datos personales de sobre cerca de 6,000 conductores con estatus migratorio no regularizado.
Posteriormente, el propio gobierno federal confirmó que estos datos están siendo utilizados activamente para identificar inmigrantes, localizarlos, arrestarlos sin orden judicial y deportarlos.
Por ello, la ACLU-PR afirmó que esta acción del Gobierno de Puerto Rico se realizó en contravención directa de la propia Ley 97-2013, que ordena al Secretario del DTOP, establecer los mecanismos necesarios para que este registro no pueda ser usado para discriminar ni se divulgue la información.
«Estamos ante una crisis humanitaria creada por el propio gobierno, donde la mayoría de los detenidos no han podido contactar a sus familiares, se les ha privado del debido proceso de ley y han sido sacados ilegalmente de nuestra jurisdicción», afirmó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
«El pueblo tiene el derecho fundamental de saber bajo qué supuestos legales se entregó la información que puso a miles de vidas en riesgo», subrayó Arraiza Navas.
