La organización de derechos civiles argumentó en el recurso legal que miles de ciudadanos se verían afectados si se mantiene la fecha de cierre actual
San Juan, Puerto Rico – La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) en Puerto Rico presentó una demanda en el Tribunal federal, pidiendo que se amplíe el período de inscripción en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) hasta 30 días antes de los comicios del 5 de noviembre de 2024. La organización sostiene que la fecha límite actual del 21 de septiembre, determinada por la CEE, podría resultar en la privación del derecho al voto para miles de electores.
En su recurso legal, la ACLU, representando a cuatro votantes, argumenta que mantener la fecha de cierre de inscripción infringiría los derechos garantizados por la primera y decimocuarta enmienda de la Constitución de EE. UU. “Sin esta extensión, muchos votantes quedarían fuera del registro, lo que sería un grave error”, manifestaron desde la organización.
La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, decidió que la fecha de cierre permanecería como estaba, a pesar de la sugerencia de varios comisionados electorales que apoyaban la extensión. En el recurso legal se destaca que el Artículo 5.11 del Código Electoral establece que no se permitirá la inscripción ni la reactivación de electores durante los 30 días previos a las elecciones, un cambio que afecta a muchos.
La ACLU también señala que los electores han enfrentado numerosos obstáculos en el proceso de inscripción, como problemas técnicos con el Registro Electrónico de Electores y el cierre de más del 80% de las Juntas de Inscripción Permanentes. Además, la falta de promoción para inscribir a jóvenes votantes ha llevado a una notable disminución en el registro, con solo 69,992 nuevos electores registrados hasta el 21 de septiembre, en comparación con los 121,358 en las elecciones de 2020.
A raíz de esta situación, la ACLU, junto a Amnistía Internacional de Puerto Rico y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ha instado a los ciudadanos a presentar sus quejas a las autoridades y a compartir copias con estas organizaciones para asegurar un seguimiento adecuado del proceso electoral. La directora ejecutiva de la ACLU, Annette Martínez Orabona, adelantó que estas entidades se preparan para llevar el caso ante los tribunales en defensa de los derechos de los electores.
