Organizaciones denuncian que la política del ICE viola el derecho constitucional al debido proceso
San Juan (EFE) – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, para anular la medida que no permitiría a los migrantes detenidos optar a libertad bajo fianza.
«La Constitución garantiza a todas las personas dentro de las fronteras de Estados Unidos, los derechos a la igual protección y al debido proceso de la ley», sostuvo en un comunicado Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Si la nueva política promulgada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), continúa, miles de inmigrantes podrían ser encarcelados indefinidamente mientras sus casos de inmigración son considerados durante meses o incluso años, eliminando la capacidad de obtener la libertad bajo fianza.
Los demandantes están representados por la ACLU, la ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP, en inglés) y los abogados Niels Frenzen y Jean Reisz.
«La administración Trump busca reescribir la protección constitucional, negando a millones de inmigrantes en los centros de detención la capacidad de solicitar libertad bajo fianza. Por medio de un memorándum y sin justificación que lo amerite», añadió Tan.
En este contexto, los demandantes buscan representar al colectivo de individuos sujetos a la política de ICE en el país, así como aquello a quienes se les negaron audiencias de fianza en la Corte de Inmigración de Adelanto.
Por su parte, Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, donde han sido detenidas más de 800 personas inmigrantes, resaltó que esta política también afectó a inmigrantes en Puerto Rico.
«Ya ha habido casos de negación de fianza a detenidos por el ICE», subrayó Martínez.
Los defensores remarcaron en el documento que todas las personas presentes en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales, y la Cláusula del Debido Proceso se aplica a todos, incluidos los inmigrantes sin estatus regularizado.
