La organización destaca la importancia de garantizar el acceso a derechos fundamentales sin temor a represalias
SAN JUAN, Puerto Rico – La American Civil Liberties Union de Puerto Rico (ACLU-PR) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos constitucionales mediante la radicación del Proyecto de la Cámara 331, una medida legislativa que busca establecer un marco de protección más sólido para las comunidades inmigrantes y todos los habitantes de la isla.
El proyecto, presentado ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico a petición de la ACLU-PR, cuenta con el respaldo de los representantes Feliciano Sánchez, Ferrer Santiago, Figueroa Acevedo, Fourquet Cordero, Gutiérrez Colón, Hau Irizarry, Higgins Cuadrado, Lebrón Robles, Márquez Lebrón, Martínez Soto, Rivera Ruiz de Porras, Rosas Vargas, Torres Cruz, Torres García, Varela Fernández y Vargas Laureano.
Respuesta ante redadas y vulneraciones de derechos
La propuesta legislativa surge como respuesta a recientes redadas ejecutadas por autoridades federales en áreas con alta concentración de inmigrantes, generando temor y denuncias de discriminación.
«Queremos un Puerto Rico donde la dignidad de cada persona sea respetada y donde nadie tema acudir a servicios médicos o educativos por miedo a ser detenido o interrogado injustamente», expresó la Lcda. Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU-PR.
El proyecto establece una política pública de no discriminación basada en el estatus migratorio u origen étnico, refuerza la confidencialidad de la información personal y exige la creación de protocolos claros para situaciones en las que agencias federales de inmigración intervengan en escuelas, hospitales y centros comunitarios, espacios considerados esenciales para la protección de derechos fundamentales.
Garantías de protección y acceso a servicios
Además de regular las intervenciones de inmigración en lugares sensibles, el proyecto busca garantizar que las autoridades locales prioricen la protección de los derechos de todos los residentes.
«Con este proyecto, buscamos que las autoridades locales cumplan con su deber de proteger a todos los residentes de Puerto Rico y que las intervenciones de las agencias federales de inmigración se den únicamente en el marco estricto de la ley y con la debida orden judicial», enfatizó la Lcda. Lolimar Escudero Rodríguez, directora de política pública de la ACLU-PR.
La organización ha exhortado a la ciudadanía, organizaciones civiles y líderes comunitarios a mantenerse informados y respaldar la medida, que representa un avance significativo en la promoción de la justicia, inclusión y respeto a los derechos constitucionales.
