La organización cuestiona advertencias de HSI sobre procesar a testigos de detencionesLa organización recuerda que grabar intervenciones es un derecho protegido por la Constitución
San Juan (EFE) – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico informó que «está dando seguimiento» a las expresiones de Rebecca González, jefa de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), sobre posibles acciones criminales contra testigos de detenciones de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Así lo dejó a entender en un comunicado la directora ejecutiva de la ACLU local, Annette Martínez, tras las expresiones de González el pasado fin de semana al asegurar que «los ciudadanos que interfieran con nuestro trabajo, y pongan a nuestros agentes en peligro van a ser procesados criminalmente».
Las declaraciones de González se dieron luego de que agentes del HSI en Puerto Rico llevaban a cabo un operativo para arrestar a un obrero dominicano «que estaba sin su estatus migratorio en los Estados Unidos» y vecinos del área grabaron el suceso y tildaron a los oficiales de «puercos» por detener al caribeño.
«Para la ACLU es importante recordarle a la ciudadanía que la libertad de expresión es un derecho protegido, tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la de Puerto Rico», afirmó Martínez en el comunicado.
«Esto incluye las expresiones verbales y acciones tales como grabar las intervenciones de agentes del orden público, acciones legítimas que no constituyen delito. Además, una detención sin orden de arresto u orden judicial firmada por un juez es en principio ilegal», explicó.
Ante todo ello, Martínez exhortó «a los medios y periodistas a cuestionar a HSI-ICE sobre la existencia de dichas órdenes en cada una de sus intervenciones».
Estas detenciones forman parte del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de arrestar y deportar a presuntos criminales en el país, aunque se ha expandido a migrantes, tanto con permisos de residencia o en proceso de mantenerse en el país norteamericano.
Según se informó hace varios días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había detenido hasta el pasado 15 de junio a 56,397 inmigrantes como parte de la campaña de deportaciones de Trump, pero sólo el 28.3% de ellos tenía antecedentes penales, incluyendo delitos menores de tráfico.
