La organización advierte que la Ley 156-2025 obstaculiza la transparencia y debilita la rendición de cuentas en el gobierno
SAN JUAN (EFE) – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico rechazó este lunes la acción de la gobernadora Jenniffer González, quien convirtió en ley el Proyecto del Senado 63 que restringe acceso a la información pública, un derecho fundamental para garantizar las protecciones constitucionales de libertad de expresión y de prensa.
«A pesar de la evidencia contundente sobre las señales de inconstitucionalidad de esta medida, la gobernadora decidió convertir en ley un proyecto que se aleja del principio de máxima divulgación, publicidad y transparencia que debe guiar en todo momento la gestión pública», subrayó en un comunicado Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Ante los nuevos obstáculos que impone la recién rubricada Ley 156-2025, la ACLU de Puerto Rico instó al público en general, a los periodistas, organizaciones y entidades que, al solicitar acceso a información pública, registren y documenten las instancias en las que, durante el proceso, se violente su derecho de acceso a información.
«Con esta medida, el Gobierno demostró una intención evidente de impedir que el público tenga acceso de manera oportuna a la información que tiene derecho a ver y que es indispensable para la toma de decisiones, rendición de cuentas y fiscalización de la gestión pública, elementos básicos en una democracia», apuntó Martínez.
Al enmendar la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, lejos de «facilitar» ese acceso, la gobernadora extendió los plazos de respuesta sobre peticiones, impuso nuevas y diversas trabas burocráticas y reforzó una visión restrictiva del derecho del pueblo a la información.
De esta manera, González se alineó con las acciones antidemocráticas del presidente del Senado y autor del Proyecto del Senado 63, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, quienes aprobaron la medida.
Tras la aprobación en la Legislatura, la ACLU de Puerto Rico solicitó a la gobernadora mediante misiva el 19 de noviembre que vetara la medida, argumentando que se trataba de un proyecto inconstitucional.
La organización hizo hincapié en que el pueblo de Puerto Rico debe estar consciente de que, al firmar esta medida, la gobernadora obstaculiza la fiscalización de la gestión pública y valida que exista menos rendición de cuentas en torno a acciones y toma de decisiones en el Gobierno.
