La organización impugna ante un tribunal federal en Boston la transferencia del caso fuera de la jurisdicción de Puerto Rico
SAN JUAN (EFE) – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico informó este miércoles que presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, impugnando la determinación de la Corte Federal de extraditar a un haitiano detenido por el ICE en la isla.
Según explicó en un comunicado Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, el haitiano Albeto Pierre fue detenido el día de Nochebuena y trasladado fuera de la jurisdicción local después de que la agencia federal presentara un recurso de habeas corpus.
«Permitir que el gobierno traslade a la persona fuera de la jurisdicción luego de radicado el recurso, y que esa acción fuerce la transferencia del caso, abre la puerta a que se evada la revisión judicial y se debilite la función de los tribunales de hacer cumplir límites constitucionales y estatutarios», dijo Martínez Orabona.
La apelación, radicada el 3 de febrero, surge del caso de Pierre, quien fue detenido mientras acompañaba a su pareja, una residente permanente a una cita médica de cuidado prenatal previamente programada. La pareja tiene un hijo de un año, ciudadano estadounidense, y esperan su segundo hijo.
De acuerdo con el planteamiento, el habeas corpus fue radicado mientras Pierre continuaba detenido en Puerto Rico y bajo custodia de las autoridades migratorias en el archipiélago, por lo que la jurisdicción y sede eran -y continúan siendo- las del Distrito de Puerto Rico.
Sin embargo, tras la radicación del caso, el gobierno federal trasladó a Pierre al estado de Florida y la jueza federal Camille Vélez Rive ordenó transferir el caso al Distrito Medio de Florida, decisión que ahora se impugna.
Ante ello, la ACLU de Puerto Rico sostiene que el remedio correcto, en estas circunstancias, era que el Tribunal de Distrito ordenara el retorno del peticionario a Puerto Rico y garantizara el trámite correspondiente, incluyendo una vista de fianza ante un juez de inmigración, medida que se ha logrado en otros casos.
En su escrito, la organización argumentó que la ley federal de habeas corpus reconoce como regla general que la jurisdicción se determina al momento de la radicación, y que los tribunales típicamente retienen jurisdicción aun si el gobierno transfiere posteriormente a la persona detenida.
Asimismo, la ACLU de Puerto Rico señaló que el ICE no puede beneficiarse de un traslado realizado después de presentado el recurso para desplazar el caso a otra jurisdicción y dificultar el acceso a la justicia.
