Organización insta a la Cámara a rechazar el P.S. 63 por dilatar solicitudes y limitar la fiscalización gubernamental
SAN JUAN, Puerto Rico (EFE) – La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico advirtió este miércoles ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes que el Proyecto del Senado 63 (P.S. 63) constituye un grave retroceso en el derecho constitucional de la ciudadanía al acceso a la información pública.
«Las acciones del Gobierno siempre tienen que estar regidas por el principio de máxima divulgación, publicidad y transparencia en la gestión pública», subrayó en un comunicado Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, tras dirigirse a los miembros de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.
Durante la vista pública, la ACLU de Puerto Rico se opuso a la medida y reiteró que el acceso a la información no es un favor del Gobierno, sino un derecho constitucional derivado de la libertad de expresión y sin transparencia, no puede haber rendición de cuentas ni confianza ciudadana en las instituciones.
«Cuestionar, indagar, investigar la gestión pública puede ser incómodo para quienes ocupan posiciones públicas, pero esa incomodidad no puede servir de justificación para limitar el derecho a saber», añadió Martínez.
El P.S. 63 fue radicado el 2 de enero de 2025 y aprobado sin vistas públicas en el Senado el 14 de octubre, a pesar de los señalamientos y oposición de diversas organizaciones, incluida la ACLU de Puerto Rico.
Asimismo, al aprobarlo, el Senado incluyó nuevas enmiendas sin discusión previa.
La medida fue inicialmente referida a la Comisión de Gobierno de la Cámara y, de manera repentina, relevada a la Comisión de lo Jurídico el pasado jueves, 6 de noviembre.
El P.S.63 propone extender de 10 a 20 días laborables el término que tienen las agencias para responder solicitudes de información y permitir prórrogas de hasta 40 días.
Esta medida, según la ACLU, dilata y obstaculiza la fiscalización pública, afectando la capacidad de periodistas, organizaciones y ciudadanos de investigar y exigir responsabilidad gubernamental.
La ACLU de Puerto Rico también alertó de que el P.S.63 impone requisitos técnicos injustificados, como la obligación de notificar solicitudes a funcionarios como jefes de agencias y presidentes legislativos, limita la elección del formato en que se entrega la información y abre la puerta a clasificaciones arbitrarias de confidencialidad.
Asimismo, elimina protecciones para los solicitantes, lo que podría disuadir a ciudadanos de ejercer su derecho por temor a represalias.
El proyecto también dispone que los recursos judiciales de acceso a la información deban radicarse exclusivamente en la región judicial de San Juan, una medida que limita el acceso a la justicia, especialmente para personas y comunidades fuera del área metropolitana.
La ACLU recordó que, incluso bajo la ley vigente, el acceso efectivo a información pública ya enfrenta obstáculos significativos.
En su ponencia, la organización citó el caso reciente ante el Tribunal de Primera Instancia, donde se vio obligada a presentar un mandamus contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tras múltiples solicitudes ignoradas relacionadas al proceso electoral.
La ACLU de Puerto Rico instó a la Cámara de Representantes a rechazar el Proyecto del Senado 63 y a promover una verdadera reforma que fortalezca la transparencia y garantice el derecho del pueblo a saber.
