Comerciantes advierten sobre falta de claridad en la regulación y su impacto en la economía local
San Juan (EFE) – La Asociación de Comercio al Detal (ACDET) expresó su respaldo a la reciente decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) de dejar sin efecto la interpretación administrativa de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La organización destacó que esta medida permite reexaminar una legislación que, según ellos, presenta ambigüedades y carece de claridad en su aplicación.
La secretaria del DACO, Natalia Catoni, anunció este martes la emisión de una orden administrativa que suspende la fiscalización de la Ley 51-2022 hasta el 1 de julio de 2025. La decisión, tomada en conjunto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), busca ofrecer una transición más justa para los comerciantes y consumidores, al tiempo que se resuelven asuntos legales pendientes en el litigio presentado por la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE).
El impacto en el comercio
Desde ACDET, su presidente, José González, recalcó la necesidad de analizar a fondo las implicaciones económicas de la ley antes de su aplicación definitiva.
“Solo los que administran y operan el comercio, así como las empresas de importación y distribución, tienen constancia de la complejidad de acceder a productos biodegradables y compostables, compitiendo en un mercado global sin especificaciones claras y con una gran limitación en la disponibilidad de su oferta”, explicó.
La asociación insiste en que la falta de infraestructura para el manejo y disposición de productos biodegradables en Puerto Rico representa un reto adicional para los comercios. Además, advierte que cualquier regulación en esta materia debe tomar en cuenta el impacto en el empleo de más de 200,000 puertorriqueños que dependen del sector comercial.
Llamado a un enfoque equilibrado
Si bien ACDET respalda iniciativas que fomenten la sostenibilidad y la protección ambiental, González enfatizó que estas no deben implementarse en detrimento de los comerciantes y consumidores.
“Esto no se puede tomar como un asunto de una lucha entre el comercio y el ambiente; se debe evaluar con la responsabilidad de un justo balance entre las partes de un ecosistema de una isla 100 × 35 en la que todo se importa”, expresó.
La organización reiteró su disposición a colaborar con el gobierno y otras partes interesadas en la búsqueda de soluciones que protejan tanto el medio ambiente como la estabilidad del comercio.
Asimismo, instaron a la Legislatura a evaluar la posibilidad de enmendar la ley para garantizar que su implementación sea viable y justa para todos los sectores.
