Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (31 de marzo de 2021) – La Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Gubernamentales de la Región Sur Central de la Cámara de Representantes, comenzará a celebrar vistas públicas sobre las actividades de la empresa Aquamak Inc., que fue presidida por la actual directora de la oficina de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud, licenciada Arlene Marie Questell, para impedir que los pescadores el sector Playa del municipio de Santa Isabel, tuvieran acceso al mar a través de los terrenos que pertenecen a la empresa.
Las vistas públicas, que comenzarán el próximo lunes 5 de abril, obedecen al mandato de la Resolución de la Cámara 260, radicada por la legisladora Estrella Martínez Soto, que pretende investigar las actividades de Aquamak Inc. para, alegadamente, impedir el acceso al mar a los pescadores y a la ciudadanía en general.
Según reveló Edgar González Moreno, director ejecutivo de la Comisión, la investigación legislativa también indagará sobre la titularidad de los terrenos donde está ubicada una rampa de acceso al mar y el estado de derecho relacionado al acceso de los pescadores al mar por dicha rampa.
En específico, las vistas públicas pretenden aclarar los terrenos y accesos que pertenecen al municipio de Santa Isabel y la legalidad de los predios que reclama la empresa Aquamak Inc., que actualmente preside el ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado.
La licenciada Marie Questell, hija del exalcalde, abandonó la presidencia de Aquamak Inc, el pasado 12 de enero del 2021, es decir, un mes antes de que fuera nombrada oficialmente al cargo de directora de la oficina de Cannabis Medicinal. Marie Questell presidió la empresa desde el 2017.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) multó por $35,000 a Aquamak Inc, por daños ambientales relacionados con la construcción ilegal de una rampa, muelles, una plataforma, verjas y un gazebo en la zona marítimo terrestre del barrio Playa. Además, a la empresa se le imputó haber cortado y removido ilegalmente un manglar de la costa y depositar en el área relleno sin autorización.
El DRNA actuó luego de que la comunidad del sector Playa de San Isabel radicara una querella en el 2016 contra Aquamak Inc. y contra el ex alcalde, quien para entonces era el presidente de la empresa, por impedir el acceso al mar por sus terrenos.
“Para el 5 de abril hemos citado al secretario del DRNA, Rafael Marchago, y otros funcionarios del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y al alcalde de Santa Isabel. Según lo que ocurra en esa vista decidiremos si es necesario citar al señor Enrique Questell y a su hija (Marie). Vamos a examinar las querellas radicadas en el DRNA por la comunidad y los asuntos de titularidad de los terrenos”, dijo González Moreno.
Questell Alvarado alega que los terrenos fueron adquiridos en 1984 por Aquamak Inc, y que un informe del CRIM lo confirma. La propiedad consiste de un predio de cerca de seis cuerdas en el que operan el Centro Náutico de Sur, una marina con cabida para 40 embarcaciones, el salón de actividades Aquarium y otro negocio conocido como El Gazebo de Quique. Alegadamente, los tres negocios también pertenecen a Aquamak Inc.
Depondrán los querellantes
Pero Alfonzo Cintrón, que es uno de los querellantes, sostiene que mientras Questell Alvarado fue alcalde logró que funcionarios del CRIM agruparan de manera ilegal determinados predios públicos como parte de los terrenos que pertenecen al ex alcalde y a la empresa Aquamak Inc.
“Yo voy a deponer en esa vista y voy a probar qué fue lo que pasó en el CRIM y voy a presentar documentos que pondrá en claro los terrenos que son de dominio público y qué terrenos le pertenecen al exalcalde”, dijo Cintrón.
La Resolución 260 sostiene que fue Marie Questell quien impidió que los pescadores tuvieran acceso a la playa. Según la resolución, la abogada acató las órdenes impartidas por su padre para que los accesos a la playa fueran cerrados.
“Razones por las que, según el exalcalde, sostiene que las facilidades reclamadas por los pescadores no pertenecen al municipio y solicitó a la presidenta de la corporación (Marie Questell) el cierre de estas por razones de seguridad. Esta situación ha indignado a los pescadores del área, quienes exigen se les permita continuar trabajando y llevando el pan a sus familias”, indica la resolución.
De acuerdo con los querellantes ante el DRNA, el ex alcalde colocó vallas y una verja para cobrar un peaje de $30 a los pescadores de la zona que deseaban introducir sus embarcaciones en el mar a través de una rampa de concreto, que según la agencia ambiental fue construida ilegalmente en terrenos de dominio público.
El 27 de julio del 2019, la licenciada Mildred Sotomayor Bourbón, de la oficina de Asuntos Legales del DRNA, confirmó la multa de $35,000 contra Questell Alvarado y Marie Questell, como presidenta de Aquamak Inc., por las graves violaciones ambientales.
Los querellantes sostienen que el proceso en el DRNA fue interrumpido por los eventos posteriores al huracán María y por la emergencia causada por COVID-19. También han señalado que los atrasos también responden a los continuos cambios de abogado de parte de Aquamak Inc., lo que fue descrito como una estrategia de Questell Alvarado para dilatar la vista administrativa y desalentarlos.
Además del pago de la multa, el fallo del DRNA ordena “la remoción inmediata de todos aquellos aprovechamientos no conformes a la ley y al reglamento” y la “restauración del área a su estado natural conforme a las recomendaciones del personal técnico del departamento”.
