Del ideal histórico a la tesis operacional: cómo una iniciativa reinstaló la independencia en el centro del debate político puertorriqueño
Por Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho
El 8 de marzo de 2025 merece tomarse como punto de referencia para este recuento, no porque ese día naciera Plan B Independencia, sino porque fue entonces, luego de una filtración a un tabloide inglés que divulgó los planes prematuramente, cuando la iniciativa se explicó formalmente en la prensa y el país pudo apreciar con mayor claridad el alcance de un trabajo que ya venía desarrollándose. Plan B redactó un borrador de orden ejecutiva concebido como instrumento jurídico y político para reencuadrar la conversación sobre la descolonización de Puerto Rico.
La columna publicada ese día en La Perla del Sur cumplió esa función de exposición: presentó la tesis de manera organizada, con premisas identificables, y trató la independencia no como consigna, sino como propuesta operacional.
Conviene precisar el punto de la filtración al medio inglés, porque explica el ritmo de los acontecimientos. La divulgación prematura convirtió un trabajo que se mantenía en etapa preparatoria y sigilosa en un asunto de debate público inmediato. Ese cambio de calendario obligó a explicar, en un foro abierto y tumultuoso, una propuesta que todavía estaba en fase de maduración política, y por eso las primeras semanas combinaron exposición doctrinal con manejo de crisis mediática.
La respuesta inmediata de los medios y analistas fue un furor noticioso que, en ocasiones, desplazó el análisis serio por la urgencia del titular. Parte del ruido inicial se debió a que el concepto de una orden ejecutiva se interpretó como “atajo” o “imposición”. En realidad, el planteamiento se presentó como un mecanismo para activar un proceso político, no para decretar por sí solo un resultado final. El argumento central fue que la Rama Ejecutiva federal puede iniciar pasos formales que obliguen al aparato gubernamental de Estados Unidos a definir cursos de acción, marcos de negociación y prioridades de política pública, aun cuando el proceso permanezca sujeto a la dinámica congresional.
Plan B se vio precipitado a participar en numerosos foros radiales y televisivos para explicar fundamentos, corregir caracterizaciones imprecisas y evitar que el debate se redujera a caricaturas o reflejos condicionados. Esa comparecencia pública fue necesaria para sostener el argumento en términos jurídicos y estratégicos y para dejar claro que no se trataba de un ejercicio propagandístico, sino de una propuesta dirigida a provocar efectos institucionales.
El proceso de explicación pública continuó el 18 de marzo de 2025, cuando La Perla del Sur publicó una segunda columna, “El Plan B: del revuelo mediático a un camino que ya no puede ser ignorado”. Ese texto amplió el cuadro y explicó el origen del revuelo, incluyendo la divulgación inicial en prensa extranjera, la reacción local de incredulidad y alarma, y el hecho de que el grupo impulsor tuvo que entrar al debate público antes de lo previsto. También abordó de frente objeciones recurrentes, como los cuestionamientos sobre democracia y representatividad, la base constitucional de la propuesta y la invocación de la Cláusula Territorial como impedimento automático. Además, afirmó que ya existían avances en interlocución política en Washington, incluyendo reuniones con oficinas de figuras senatoriales republicanas con posiciones de liderazgo o jurisdicción relevante, reforzando la idea de que el esfuerzo no se limitaba a la columna de opinión o a un golpe publicitario.
En ese mismo periodo, el debate se fortaleció con intervenciones intelectuales adicionales. El Dr. Carlos Rivera Lugo, la economista Marta Quiñones Domínguez y el profesor Javier Hernández publicaron varias piezas de opinión que defendieron la iniciativa y añadieron matices importantes. Sus textos contribuyeron a precisar la arquitectura jurídica y política del Plan B, el concepto de la independencia por necesidad, el sentido de una transición por etapas, los límites de los mecanismos tradicionales de estatus y la tesis de que la descolonización requiere condiciones materiales y poderes concretos para negociar con seriedad los términos de un futuro soberano. Ese conjunto de intervenciones también ayudó a fijar un estándar de discusión. En vez de reducir el tema a consignas o a alarmas, esos autores lo trataron como un problema político-jurídico con variables económicas, institucionales e internacionales. El resultado fue que el lector encontraba, en un mismo intercambio público, defensa del planteamiento, matices sobre su implementación y delimitación de lo que Plan B afirmaba y de lo que negaba.
Doce meses más tarde, el balance razonable no debe medirse por legislación aprobada ni por decretos emitidos. La métrica principal, por ahora, es otra: la creación de un expediente intelectual, mediático y organizativo que reordenó la conversación sobre el problema colonial alrededor de cuatro premisas centrales. Primera, que la estadidad, como proyecto viable en el Congreso federal, enfrenta obstáculos estructurales que la convierten en una alternativa políticamente imposible. Segunda, que una descolonización efectiva exige una transferencia previa de poderes que haga posible una negociación real y no meramente consultiva. Tercera, que la presidencia de Estados Unidos, por su rol en política exterior y por el manejo de territorios bajo autoridad federal, podría impulsar de manera decisiva un proceso de transición hacia la independencia. Cuarta, que la Asamblea Constitucional de Estatus, como se concibe bajo el marco colonial vigente, carece de condiciones políticas suficientes mientras considere la estadidad como opción y, mucho menos, para producir una solución vinculante mientras el actor decisivo, el Congreso, no esté obligado a comparecer ni a implementar resultados.
Estas premisas no pretenden congelar la discusión sobre el estatus; pretenden ordenar el terreno en el que se discute. Su aportación principal durante el primer año fue desplazar el debate desde el “sí o no” abstracto hacia preguntas operacionales: qué poderes hacen falta para negociar, qué instrumentos producen efectos reales, cómo se protegen intereses materiales durante la transición y qué rol juega la diáspora como actor político en el escenario federal.
I. Del debate a la estructura: por qué era necesario institucionalizar el esfuerzo
Los ciclos noticiosos son breves. Para sostener el debate más allá de la coyuntura, era necesario crear un espacio estable para documentos, propuestas y pedagogía. El paso de la controversia inicial a una estructura más estable se hizo visible el 30 de marzo de 2025, cuando se anunció públicamente la inauguración del portal www.planbindependencia.org. Con ese lanzamiento, Plan B procuró que el debate no dependiera exclusivamente del ciclo noticioso y creó un espacio permanente para organizar documentos, publicar materiales de orientación y mantener accesibles sus propuestas y comunicados. La página permitió, además, centralizar recursos para el público general y para la diáspora, y sirvió como plataforma para sostener una discusión más informada y acumulativa sobre la descolonización de Puerto Rico.
Esa es la lógica que también explica el giro organizativo de Plan B Independencia hacia una estructura más permanente. Ese giro quedó formalizado públicamente a finales de septiembre de 2025, cuando se anunció que Plan B había quedado constituido como organización sin fines de lucro y se definía como “centro de pensamiento para la acción”, es decir, un think tank orientado a producir insumos de política pública y a impulsar una agenda de descolonización. Ese paso no fue meramente nominal: implicó asumir tareas propias de un think tank, como producción de documentos, organización de comités de trabajo, sistematización de materiales educativos y coordinación de esfuerzos de incidencia dentro y fuera de Puerto Rico.
Este paso también impulsa el tema de la independencia hacia el terreno programático. La discusión deja de depender exclusivamente de afirmaciones identitarias y pasa a incorporar rutas de acción, componentes institucionales y preguntas de implementación. Ese enfoque es consistente con la intención de Plan B de trabajar como centro de pensamiento para la acción, con líneas de trabajo concurrentes que incluyen divulgación, agenda de transición, articulación con sectores locales y vínculo con actores fuera de Puerto Rico.
II. La independencia como proyecto económico: el plan del 6 de mayo de 2025
Un hito del primer año ocurrió el 6 de mayo de 2025, cuando El Nuevo Día reseñó la presentación del plan económico asociado a la iniciativa, producto del trabajo del grupo liderado por la Dra. Martha Quiñones Domínguez. La propuesta se presentó como un marco de autosuficiencia fiscal y desarrollo sostenible con horizonte de veinte años, con metas cuantificables, discusión de ingresos soberanos y un componente de justicia transicional que contempla la negociación futura de acuerdos y tratados con Estados Unidos.
Para el lector no especializado, el punto principal del plan económico fue metodológico: contestar con herramientas de política pública la objeción recurrente de que la independencia carece de ruta material viable. Al colocar el debate en términos de escenarios, supuestos, metas y etapas, se creó un marco que permite evaluar propuestas, enmendarlas y compararlas, en lugar de discutir únicamente desde intuiciones o temores.
El elemento relevante aquí no es solo el contenido del plan, sino el efecto en el debate público. A partir de ese momento, la discusión deja de girar únicamente alrededor de temores generales sobre viabilidad y entra a un terreno distinto: análisis de cifras, supuestos, alternativas de política pública y diseño institucional. Ese desplazamiento importa porque obliga a responder con sustancia y reduce el espacio para refutaciones basadas únicamente en impresiones.
III. Producción intelectual y pedagogía: opinión, glosario y preguntas frecuentes
Otro componente del primer año fue el desarrollo de materiales de orientación que funcionan como herramientas pedagógicas. La producción de piezas de opinión permite desarrollar ejes temáticos con continuidad, entre ellos el análisis del coloniaje contemporáneo, el resurgimiento del fascismo, la crítica a la Junta de Supervisión Fiscal, el debate sobre remilitarización y el planteamiento de que la independencia responde también a un contexto político internacional marcado por tendencias autoritarias y por una concepción más agresiva del poder territorial de Estados Unidos.
De igual forma, el glosario y las preguntas frecuentes de su página www.planbindependencia.org cumplen un rol práctico: facilitan la entrada de públicos no especializados, contestan objeciones comunes y ordenan conceptos sobre ciudadanía, economía, relación bilateral y límites de mecanismos tradicionales. En particular, estos materiales tienden a sostener dos tesis: que la negociación de condiciones requiere poderes reales, y que los mecanismos internos que no obligan al Congreso a actuar tienen límites estructurales evidentes.
Ese trabajo pedagógico tiene valor político porque reduce fricción. En el tema del estatus, una parte considerable del debate se distorsiona por conceptos mal definidos: soberanía, ciudadanía, tratados, transición, libre asociación, entre otros. Al fijar definiciones y contestar preguntas frecuentes, Plan B procuró que el desacuerdo fuese sobre sustancia y no sobre malentendidos.
IV. Comunicados y posicionamientos: construcción de récord público
Durante el año también se desarrolló una práctica de posicionamientos y comunicados ante coyunturas. En un entorno político donde la atención se dispersa rápidamente, esta práctica cumple una función de registro: fija posturas, documenta continuidad y conecta eventos concretos con la crítica estructural al régimen colonial. Esto incluye señalamientos sobre el militarismo, autoritarismo, la Junta de Control Fiscal y sobre dinámicas geopolíticas que afectan a Puerto Rico de manera particular por su falta de soberanía.
Además, los comunicados cumplieron una función de “récord público” que suele pasarse por alto. En un asunto donde la memoria política se diluye rápido, documentar posturas ante eventos concretos permite evaluar consistencia, evolución de argumentos y prioridades. Ese expediente, si se mantiene accesible, facilita tanto la rendición de cuentas como la planificación estratégica del segundo año de trabajo.
V. Activismo y presencia en la calle: Marcha por la Independencia del 31 de agosto de 2025
El 31 de agosto de 2025 se celebró la Marcha por la Independencia, convocada por numerosas organizaciones, con una ruta del área del Capitolio hacia la Corte Federal en el Viejo San Juan. Claridad reportó una asistencia cercana a tres mil personas y describió el carácter unitario de la convocatoria, en la que se identificó participación de Plan B en el liderato organizativo.
La marcha no resolvió el estatus, pero sí aportó un dato político relevante: la capacidad de convocar y sostener una expresión pública amplia por la independencia. En un país donde el independentismo ha sido estigmatizado y perseguido por décadas, la presencia física y organizada en el espacio público tiene un peso propio, distinto al del debate mediático, y contribuye a normalizar la discusión sobre soberanía como alternativa política legítima.
En ese sentido, la marcha funciona como indicador de clima político. Sin adjudicarle a una sola organización el mérito de una convocatoria amplia, el dato relevante es que la independencia volvió a proyectarse como opción defendible en el espacio público, con participación multisectorial, intergeneracional y con gran capacidad de coordinación. Ese tipo de normalización tiene efectos acumulativos sobre el debate electoral y sobre la legitimidad social del discurso independentista.
VI. Interlocución federal y diáspora: una ventana todavía limitada, pero visible
Hacia finales de 2025 y comienzos de 2026, el tema de la independencia comenzó a resurgir vinculado a gestiones impulsadas desde la diáspora y a conversaciones de carácter legislativo en Washington. La relevancia de este componente no depende únicamente de simpatías ideológicas. La diáspora opera en un ecosistema distinto: vota en distritos congresionales, incide en comités, participa en campañas y tiene acceso directo a oficinas legislativas. En la medida en que ese esfuerzo se coordina con materiales sustantivos y con una agenda clara, aumenta la probabilidad de que el tema del estatus se discuta en Washington con mayor continuidad y menos superficialidad. Plan B se ha vinculado a varias organizaciones prestigiosas de la diáspora independentista y aspira a la creación de un frente de organizaciones de Puerto Rico y de Estados Unidos que lleve posturas sólidas ante el gobierno de Estados Unidos y las Naciones Unidas.
Recientemente, se reportó que el representante Tom McClintock evaluaba un borrador de legislación a favor de la independencia, referido por una organización de la diáspora, y Plan B publicó comunicaciones relacionadas con ese desarrollo y aportó documentos seminales para la redacción del proyecto de ley.
Conviene manejar este punto con cautela. Un borrador no es un proyecto aprobado, y una conversación con oficinas federales no equivale a apoyo mayoritario. Sin embargo, el hecho de que el tema entre al ciclo noticioso de Washington y se articule con esfuerzos de la diáspora introduce un cambio cualitativo: parte de la discusión deja de depender exclusivamente del debate insular y comienza a conectarse con actores que operan en el terreno electoral y legislativo federal.
VII. Balance y próximos retos
El primer año de Plan B Independencia no puede presentarse como cierre de un proceso. Debe presentarse como etapa de instalación: una fase en la que se logró colocar un marco de discusión, producir materiales, sostener presencia pública, presentar un componente económico y articular parte del esfuerzo con movilización social y con la diáspora.
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El reto principal hacia adelante es convertir ese expediente en capacidad sostenida de incidencia. Eso requiere disciplina organizativa, continuidad de análisis, alianzas y claridad sobre los límites y posibilidades del escenario federal. También requiere evitar triunfalismos: la descolonización no ocurre por inercia ni por la fuerza de una idea. Pero el primer año deja un resultado verificable: la independencia se discutió con un nivel de estructura y detalle que obligó a muchos actores a tomar postura, y el tema se sostuvo más allá de una coyuntura de titulares.
Visto como informe del primer año, el saldo principal es que Plan B logró organizar y sostener su planteamiento en el espacio público. Se definió un marco de argumentos, se abrieron espacios de discusión en medios, se publicaron materiales de orientación, se presentó una propuesta económica y se fortalecieron vínculos con sectores del activismo y con la diáspora. El segundo año debe enfocarse menos en explicar y más en consolidar: coordinar mejor, documentar más, ampliar alianzas y convertir el debate en pasos concretos y medibles.
Es de particular importancia para Plan B Independencia que, en un futuro cercano, se puedan articular los esfuerzos para aglutinar un frente que apoye la descolonización e independencia y que se convierta en interlocutor ante los Estados Unidos y el resto del planeta.
Un año cumplido. El trabajo continúa.
