San Juan, Puerto Rico – La organización Ayuda Legal Puerto Rico ha expresado preocupación ante las recientes revelaciones relacionadas al programa de asistencia COVID-Renta (ERA). El programa, diseñado para respaldar financieramente a familias de bajos ingresos en el pago de renta y servicios públicos, cerrará sorpresivamente el 30 de septiembre. Hasta la fecha, el gobierno ha asignado $240 millones provenientes de ERA 2 a Puerto Rico, de los cuales $117 millones han sido utilizados.
Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, destacó que en junio, la Administración de Vivienda Pública devolvió $60 millones de la asignación, argumentando una falta de necesidad en la asistencia de renta para personas de bajos ingresos. Aunque se prometió que esta devolución financiaría la construcción de viviendas asequibles, solo se han gastado $5 millones de los fondos restantes. Este hecho genera incertidumbre tanto en la disponibilidad de fondos para renta como en la realización de proyectos de vivienda asequible.
La abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico, Jynamarie Kuilan Santana, recordó que una situación similar ocurrió con el primer desembolso de ERA 1, donde se devolvieron $85.2 millones. A pesar de que cerca del 50% de las familias de alquiler destinan más del 30% de sus ingresos a la renta, las acciones gubernamentales han sido insuficientes para abordar esta necesidad persistente. Kuilan sugirió que los fondos podrían haberse destinado a diversas áreas, incluyendo la defensa contra desahucios y el acceso a internet.
Además de brindar representación legal, Ayuda Legal Puerto Rico monitorea los casos de desahucio debido a impagos. Hasta junio de 2023, se habían presentado 1098 casos, con un 60% de las demandadas siendo mujeres solas.
Mientras que el 74% de los demandantes cuentan con representación legal, solo el 8% de las personas demandadas tienen acceso a abogados. La organización ha señalado la falta de publicidad y la inaccesibilidad de las plataformas como factores que aumentan la vulnerabilidad de estas familias.
La fecha de cierre del programa COVID-Renta el 30 de septiembre ha generado sorpresa y preocupación entre las abogadas de Ayuda Legal Puerto Rico. Indicaron que esta decisión es exclusiva del gobierno de Puerto Rico y carece de respaldo en la regulación federal.
Las abogadas instan a la adopción de políticas públicas que protejan a las familias inquilinas en riesgo de desahucio y han exhortado a quienes enfrenten amenazas de desalojo a comunicarse con la entidad a través del número 787-957-3106. La directora ejecutiva enfatizó que la falta de planificación y priorización ha dejado que el dinero destinado a la asistencia en renta se malgaste, lo cual es preocupante e indignante.
