San Juan, EFE – Los representantes Jesús Manuel Ortiz, José “Cheíto” Rivera, Ramón Luis Cruz, Jorge Alfredo Rivera y Sol Higgins anunciaron este martes la presentación de una querella en la Oficina de Ética Gubernamental contra el gobernador Pedro Pierluisi.
Según un comunicado, presentaron la querella por violar el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental por la difusión con fondos y recursos públicos de un mensaje del Gobernador con evidente contenido político.
El pasado miércoles, Pierluisi emitió un mensaje, el cual denominó “Puerto Rico, Presente y Futuro” y fue publicado desde las páginas de redes sociales oficiales de La Fortaleza.
“Lo que resultó novel, fue la denuncia pública en el envío del mensaje del querellado a través de correos electrónicos oficiales de empleados públicos de las diferentes agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado», indicó la querella.
«Esto incluyó a todos los empleados que representan a los diferentes partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones. Este acto sin precedentes lacera la imagen del Gobierno, toda vez que se utilizan propiedad y fondos públicos para divulgar un mensaje para ensalzar la imagen del gobernador, mediante el autobombo, sin contenido público alguno”, agregó el documento.
En el vídeo por el que se presentó la querella, Pierluisi dijo: «esos son los objetivos que me motivan a mí y a mi equipo a trabajar incansablemente por ti y los tuyos todos los días. Tenemos mucho trabajo por delante. Lograr crear ese Puerto Rico que todos queremos, tiene que ser nuestro enfoque».
“Un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley», esgrime la Ley de Ética.
Además, añade que «un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, dirigir o fomentar actividades que, directa o indirectamente, promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político”.
“Con toda probabilidad, el mensaje publicado, conllevó una preparación, producción y utilización de diversos funcionarios de la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza, así como de recursos externos que pueden ser agencias de publicidad. Todo ello representativo de utilización de recursos y fondos públicos ilegítimamente”, sentenció Jesús Manuel Ortiz.
Por su parte, el ex secretario del PPD y representante Ramón Luis Cruz, expresó que “en la mañana de hoy, hemos denunciado el uso de la propiedad y fondos públicos de parte del Gobernador Pedro Pierluisi para fines político partidista».
«El mensaje del gobernador, se enmarca en las circunstancias reales de que pueda ser retado en el ciclo electoral que comienza en diciembre de este mismo año con la radicación de candidaturas. Su mensaje, es una respuesta a esa amenaza primarista. Ese mensaje carece de contenido público por lo que, en momentos de estrechez económica del gobierno y mientras se restringen los servicios, es irresponsable derrochar los fondos públicos de esa manera”, agregó Cruz.
Del mismo modo, el representante Rivera denunció que “resulta escandaloso que el gobernador utilice los recursos del Gobierno para tratar de parar la hemorragia de correligionarios que están emigrando de partido o buscando nuevas opciones dentro del PNP».
«Una cosa es el descargue de sus funciones gubernamentales y otra muy diferente es utilizar el gobierno para hacer política. Esta es una práctica que no se debe repetir, comunicar el trabajo está bien, politiquear no”, concluyó Rivera.
Por su parte, Jorge Alfredo Rivera indicó que “estamos ante una actitud muy peligrosa de un gobernante, para adelantar su agenda partidista usando todo su poder. Esta situación no se puede pasar por alto y menos pensar que “eso lo hacen todos» porque no es así».
Por último, señaló que “en protección del interés público, la Oficina de Ética Gubernamental debe de inmediato iniciar la investigación correspondiente y procesar a los funcionarios implicados en la producción, difusión y distribución del mensaje de corte político en lo que constituye un uso indebido de fondos públicos y por ende una clara violación de ley”.
