Por Marcos Pérez Ramírez
Especial Para EyBoricua.com
(Adjuntas)- El doctor Arturo Massol envió una advertencia a la ciudadanía ante el estado actual en el que se encuentra la conservación de la naturaleza en Puerto Rico, tras los escándalos de crímenes ambientales que siguen ocurriendo por todo el archipiélago y ante la poca acción fiscalizadora de las agencias reguladoras llamadas a velar por el interés público.
El director asociado de la organización ecologista Casa Pueblo y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, lanzó su advertencia tras analizar los 14 reportajes de la investigación periodística Cantera de Corrupción -una colaboración entre EyBoricua.com y Bonita Radio – que reveló cómo Caribbean Island Construction (CIC) fue contratada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para dragar el embalse que alimenta al Superacueducto, pero en su lugar estableció una cantera sin permisos en la zona protegida del karso que operaba mediante pagos en efectivo.
En el embalse de la Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago operaba una actividad de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena, a pesar de que el documento que establece la relación entre las partes solo estipula labores de dragado y remoción de sedimentos crudos del embalse.
La operación del arenero ilegal fue posible gracias a un grupo de funcionarios, políticos y exsecretarios de agencia que fungieron y fungen como ‘consultores’ de la empresa proponente Caribbean Island Construction (CIC), según revelara la investigación periodística.
Asimismo, la documentación relacionada a este caso consignó varias violaciones de leyes ambientales en las jurisdicciones local y federal.
“Es terrible para Puerto Rico ver cómo las agencias que deben velar por el ambiente y los bienes patrimoniales han colapsado mientras la gente, las comunidades o el periodismo investigativo tienen que responder a los vacíos de información y tomar acciones para la protección de los recursos naturales”, dijo el director asociado de la organización ecologista con sede en Adjuntas.
Según el catedrático de la UPR, recinto de Mayagüez, la ausencia de las agencias fiscalizadoras llamadas velar por el interés público y la conservación de la naturaleza ha creado un vacío que ha sido ocupado por otros intereses.
“Parecería que la empresa privada gobierna al país y que la corrupción administrativa se ha sistematizado en el ‘canvas vacío’ a cinco años de María. Son tantos los ejemplos, desde Rincón, Aguadilla, Salinas hasta Luquillo y Culebra, ahora es Arecibo. Si no fuera por la investigación y el seguimiento de este medio (EyBoricua.com y Bonita Radio) sobre el dragado en un área sensitiva de la infraestructura de agua potable del país pero que en realidad es una cantera destructiva, estaríamos también a oscuras de otra injusticia ambiental en desarrollo. Esta forma de gobernar y hacer negocios en Puerto Rico tiene que detenerse”, finalizó.
De otra parte, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anunció que investiga la operación de CIC en la zona protegida del karso el pasado 27 de junio. Un mes más tarde EyBoricua.com supo que la agencia había colocado el caso en el tope de sus prioridades.
EPA cuenta con recursos especializados liderando la pesquisa, con conocimiento técnico y peritaje en las áreas de ingeniería ambiental, permisos, jurisprudencia relacionada al Clean Water Act, así como a un especialista en ríos que viajó desde Estados Unidos para trabajar en el caso, según fuentes de EyBoricua.com.
Asimismo, el miércoles 20 de julio la agencia federal inspeccionó las inmediaciones de la Planta de Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez junto a personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCAE, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Hasta el momento las agencias concernidas no han rendido informes sobre sus acciones más recientes relacionadas a este caso.
Por su parte, el DRNA emitió una orden de cese y desista contra CIC el pasado 24 de junio. Seis días más tarde CIC y su dueño, Carlos Rodríguez Camacho, fueron emplazados con la orden de la agencia, tras una serie de irregularidades en el manejo de la orden, según presenció la pesquisa Cantera de Corrupción.
El pasado 22 de julio el DRNA celebró una vista pública en la que se discutió el caso y que estuvo plagada de irregularidades de parte del oficial examinador de la agencia, quien es un contratista privado con millones de dólares en contratos con el gobierno de Puerto Rico.
