Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (11 de agosto de 2021) – Unas 25 corporaciones y el exsenador Eric Correa, quien intentó sin éxito eliminar desde el Senado la póliza Full Value el pasado cuatrienio, fueron favorecidos de manera ilegal con una licencia de mayorista para operar hasta 250 máquinas de juegos de azar, a pesar de que nunca tuvieron licencias para operar esos equipos, lo que resultó en detrimento de los dueños de máquinas que llevan años en el mercado y que tenían preferencia para obtener las licencias, según fue autorizado por dos leyes que pretenden legalizar miles de tragamonedas que actualmente pagan premios en efectivo sin autorización.
El beneficio ilegal a favor del exsenador Correa y las 25 corporaciones fue otorgado por la Comisión de Juegos del Gobierno (CJG), y su actual director ejecutivo, Orlando Rivera, quienes figuran como demandados por conceder licencias “a base de poder político o influencias”.
La demanda, que fue presentada el pasado 30 de julio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por 32 pequeñas empresas que llevan años operando máquinas de juegos de azar, muchas de las cuales fueron excluidas del proceso para obtener las nuevas licencias de mayoristas, representa la primera denuncia pública de irregularidades y posible corrupción en la legalización de un negocio de ingresos multimillonarios, cuyas máquinas estarán conectadas con el gobierno para fines contributivos y que permitirá ofrecer premios de hasta $1,000 en efectivo.
El reclamo judicial de las 32 pequeñas empresas también alega que la CJG y Rivera han actuado de manera ilegal debido a que los reglamentos que deben regir las operaciones de la agencia, no han sido promulgados.
Las leyes 81 de 2019, o Ley para crear la Comisión de Juegos del Gobierno (CJG), y la ley 257 del 2018, o Ley de Reforma Contributiva del 2018, establecieron los mecanismos para legalizar 25,000 máquinas en una primera etapa, luego de cinco años se permitiría legalizar 20,000 adicionales, hasta alcanzar 45,000 máquinas de un universo de más de 80,000 máquinas que actualmente operan ilegalmente porque pagan premios con dinero en efectivo.
Las únicas máquinas autorizadas por ley a pagar premios en efectivo a los ganadores son las tragamonedas de los casinos y las máquinas que administra el hipódromo Camarero.
De acuerdo con la demanda, radicada por el licenciado Michael Corona Muñoz, quien es el representante legal de los demandantes, el ex senador Correa obtuvo la licencia de mayorista por medio de la corporación The Winning Key LLC.
Según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, The Winning Key LLC fue inscrita el 1 de febrero de 2021.
La demanda sostiene que Correa obtuvo la licencia de mayorista a pesar de que nunca tuvo a su nombre licencias para operar máquinas en el Departamento de Hacienda, un requisito que es parte integral del proceso legalización establecido en la ley 81 y en la ley 257, pues reconoce prioridad a las máquinas con licencias registradas en Hacienda antes del 2019.
La demanda indica que de las 25 corporaciones a las que Rivera y la CJG concedió licencias de mayoristas, 15 fueron creadas en 2021 y carecen experiencia previa en la operación de máquinas de juegos de azar. Las restantes 10 corporaciones fueron registradas también en el 2021 por las esposas o los hijos de los presidentes de las primeras 15 corporaciones, según se desprende del documento.
De hecho, la demanda indica que las 25 corporaciones y la empresa del ex senador Correa, integran el llamado grupo “de los 100”, que constituyen los empresarios o corporaciones favorecidos con licencias de mayoristas para operar el primer grupo de 25,000 máquinas legalizadas que reconoce la ley 81 y la ley 257.
EyBoricua.com se comunicó con el director ejecutivo de la CJG, Orlando Rivera, quien dijo “no voy a responder porqué no he visto la demanda. Todavía no he sido emplazado”.
“Yo no soy político”
Este medio también se comunicó a través del teléfono con el ex senador Correa, quien contestó un tanto irritado con respuestas escuetas y sin abundar en los detalles. Inesperadamente el exsenador colgó el teléfono sin responder a todas las interrogantes de EyBoricua.com.
“Yo hice una solicitud según lo que dice la ley. Ya yo no soy político “, respondió Correa, quien pertenece al Partido Nuevo Progresista, cuando EyBoricua.com cuestionó si es cierta la alegación de la demanda sobre que él no tenía máquinas de juegos de azar inscritas a su nombre en el Departamento de Hacienda antes de inscribir la corporación The Winning Key LLC.
“Eso lo tiene que responderla CJS o el licenciado Michael Corona”, dijo Correa, cuando este medio insistió en cuestionar si es cierto que no tenía máquinas inscritas a su nombre en Hacienda.
La demanda alega que la aprobación ilegal de licencias a el ex senador Correa, a las 25 corporaciones y a otras corporaciones y personas “que descubriremos durante el proceso de descubrimiento de prueba”, “despojaron” a los demandantes de su derecho a obtener una licencia de mayorista porque operan máquinas que estaban registradas en Hacienda.
El licenciado Corona sostuvo en la demanda que la CJG negó las licencias de mayoristas a los demandantes a pesar de que fueron solicitadas formalmente.
La demanda también señala que Rivera avaló un cambio en una solicitud de propuestas para establecer el sistema de interconexión digital de las máquinas de juegos de azar en ruta con el fin, alegadamente, de permitir del pago de sobornos de parte de las empresas que desean establecer y operar el sistema.
Este último señalamiento surge de un artículo publicado el pasado mes de abril por EyBoricua.com y que reseñó la determinación de Rivera de retirar por 30 días la solicitud de propuestas para establecer el sistema de interconexión que estaba en la página de internet de la CJG desde el 30 de marzo.
El retiro del documento obedeció al objetivo de Rivera de incluir el requerimiento de que las empresas proponentes paguen los gastos de viaje y de alojamiento de los funcionarios de la CJG que visitarían sus centros de interconexión en otros países para confirmar si son empresas bona fide.
Demandantes piden anulación de licencias
Los demandantes solicitan que el Tribunal declare nulas todas las licencias aprobadas por Rivera y la CJG. También reclama que se revise la solicitud de propuestas para determinar si es legal que las empresas que licitarán para establecer el sistema de conexión paguen los gastos de viaje y estadía de los funcionarios de la CJG. En la demanda, el licenciado Corona Muñoz sostiene que tales desembolsos por parte de las empresas, representaría un soborno, según lo dispuesto en el artículo 259 del Código Penal.
Además, los demandantes le piden al Tribunal que antes de atender las decisiones legales que correspondan, emita una sentencia declaratoria que reitere los derechos reconocidos por las leyes 81 y 257 que tienen las 32 pequeñas empresas como “operadores bona fide” y que le prohíba a la CJG a “interferir, incautar o multar cualquier máquina de juegos electrónicos de los demandantes”.
En el documento el licenciado Corona indicó que la CJG no ha promulgado sus reglamentos como le ordena la ley 81, y que los reglamentos que ha utilizado ilegalmente fueron aprobados por la Compañía de Turismo (CT).
De hecho, el documento relata que los demandantes participaron en unas vistas públicas celebradas por la CT entre el 29 y 30 de enero del 2020, donde plantearon que esa entidad no tenía autoridad para promulgar dos reglamentos para las máquinas de juegos de azar porque esa era una responsabilidad de la CJG, según lo ordena la ley 81.
Reglamentos son nulos
Según la demanda, la CJG no tiene reglamentos porque adoptó los dos reglamentos promulgados por la CT, los cuales “son nulos e inexistentes”.
De hecho, recientemente el Tribunal de Primera de San Juan invalidó los dos reglamentos porque fueron promulgados por la CT y no por la CJG. Los reglamentos son el 9174, dedicado a la fiscalización operacional e interconexión de máquinas de juegos de azar en ruta; y el reglamento 9175, conocido como reglamento de expedición, manejo y fiscalización de licencias para esas máquinas.
La determinación del Tribunal respondió a una demanda presentada en julio del 2020 por Electronic Games Inc. (EGI), una corporación que preside Carlos Andújar Feliciano, quien es propietario de numerosas máquinas tragamonedas. Alegadamente, EGI también agrupa a diversos empresarios que poseen máquinas y algunos de ellos fueron excluidos del proceso de legalización a causa de las disposiciones de los reglamentos.
En la sentencia el Tribunal concluyó que, aunque la ley 257del 2018 facultó a la CT con la autoridad para reglamentar las máquinas de juegos de azar, en el 2019 se aprobó la ley 81, que transfirió esa responsabilidad a la CJG, por lo que los reglamentos que promulgó la CT son nulos.
El licenciado Graciani Betancour, representante legal de la CJG, le había dicho a este medio que solicitarán reconsideración al Tribunal debido a que la decisión es errada porque la CJG participó activamente en la redacción de los reglamentos junto con la CT.
Los demandantes también alegan que la CJG no cumplió con la ley 454 del 2000 o Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio, que ordena a las agencias cuyos reglamentos pueden afectar a las empresas que tienen 15 empleados o menos, presentarlos para revisión ante la Oficina del Procurador de Pequeños Negocios. Esa agencia deberá celebrar vistas públicas y realizar estudios económicos, con el fin de reducir los efectos de los reglamentos en los pequeños negocios.
Ex senador intentó prohibir póliza Full Value
El ex senador Correa fue el primer político que intentó vía legislación prohibir la póliza Full Value, que ofrece protección a las áreas comunes de los condominios y a los elementos privativos de los apartamentos, que son aquellos existentes al momento de su adquisición como gabinetes de cocina, baños, lozas de piso, azulejos y puertas, entre otros.
El 10 de octubre del 2018 el ex senador Correa presentó el Proyecto del Senado 1112, que pretendía prohibir la póliza Full Value, una medida que dio comienzo a una aguerrida controversia que tres años después no ha concluido. No está claro las razones por las cuales el ex senador Correa presentó la medida, pues no se le conocen vínculos con la industria de seguros. De hecho, antes de ser senador Correa era empleado del Departamento de Hacienda. Además, en el proyecto no figura escrito que la medida fue radicada por petición.
El 6 de noviembre del 2018 la medida fue aprobada en el Senado con 27 votos a favor, a pesar de que del Informe que emitió la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado, que presidía el ex senador Correa, se desprende que la mayoría de los deponentes con conocimiento en el negocio de los seguros, rechazaron prohibir que los elementos privativos de los apartamentos fueran incluidos en el seguro para las áreas comunales, lo que impediría a los Consejos de Titulares contratar un seguro Full Value.
Entre esos deponentes estuvieron experimentados representantes autorizados del negocio de seguros, así como la Asociación de Compañías de Seguros, que está integrada por la mayoría de las compañías que operan en el mercado local. Incluso, la medida fue aprobada sin recibir la posición de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), que no emitió sus comentarios a pesar de las múltiples gestiones que se hicieron para que el regulador opinara sobre la medida, según menciona el informe que produjo la Comisión.
Incluso, el informe de la Comisión destaca los planteamientos a favor de la prohibición que realizó la representante autorizada de seguros Alice Meléndez y su empresa, la agencia general de seguros, Prima Group, a la que dedica seis páginas.
El pasado 13 de enero del 2021 la OCS le impuso a Meléndez una multa de $150,000 y suspendió por un año su licencia como representante autorizada de seguros, por graves violaciones al Código de Seguros por medio de un escandaloso esquema de fraude y de un aparente enriquecimiento ilícito en la venta de seguros para condominios.
El esquema implicó que Meléndez y Prima Group “retuvo para si” $328,403.45 obtenidos por medio de préstamos inflados más allá del valor real de la prima para la póliza del seguro de protección contra eventos catastróficos de 12 condominios entre 2019 y 2020, según se desprende de la determinación de 40 páginas de la OCS, que fue firmada por el Comisionado de Seguros designado, Mariano Mier Romeu.
La decisión, que ordena un “cese y desista de las prácticas aquí descritas” a Meléndez y Prima Group, también le impuso una multa de $5,000 a José A. Meléndez Romero, padre de Meléndez, quien figura como presidente de la agencia general, tras la salida de su hija del cuerpo directivo de la empresa el pasado 29 de junio del 2020. El señalamiento contra Meléndez Romero es por violar el artículo 9.380 del Código de Seguros, que prohibe, entre otras disposiciones, mezclar los dineros de primas con los ingresos del agente general.
La OCS le imputó a Meléndez violaciones a los artículos del Código de Seguros 27.190, 9.060, 9.380 y las Reglas 29 y 55, del reglamento del Código de Seguros. En síntesis, estas disposiciones regulan el manejo de las primas, los periodos para el pago de primas, el financiamiento de primas, la cancelación de pólizas y los modos legales para el manejo de cuentas bancarias en las que se depositan primas y las comisiones. Meléndez impugnó la determinación de la OCS, un proceso que aún no ha concluido.
Al rojo vivo controversia sobre póliza Full Value
No obstante, el Proyecto 1112 fue enviado a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, que la engavetó el 7 de noviembre del 2018.
Pero el pasado 21 de agosto del 2020, el ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui, prohibió a los Consejos de Titulares contratar la póliza Full Value por medio de la carta normativa 285-D, sin ofrecer explicaciones fundamentadas con datos para justificar la prohibición.
Como resultado de la determinación de Cestero Lopategui, los Consejos de Titulares estaban obligados a contratar una póliza Bare Walls, que solo protege las áreas comunales, mientras que los titulares de apartamentos deberán adquirir una póliza adicional conocida como Homeowners o HO6, para los elementos privativos.
El pasado 17 de mayo Mier Romeu emitió la carta normativa CN-2021- 304-D, que derogó la carta normativa producida por Cestero Lopategui, para permitir que los Consejos de Titulares puedan contratar la póliza Full Value. En junio la Cámara de Representantes también aprobó el Proyecto de la Cámara de 670, que avala que los Consejos de Titulares contraten la póliza Full Value.
No está claro si el pleno del Senado aprobará el Proyecto 670, que tiene la oposición de algunas aseguradoras, y cuya consideración deberá ocurrir mientras el cuerpo evalúa el nombramiento de Mier Romeu por segunda ocasión durante el primer año del presente cuatrienio.
El gobernador Pedro Pierluisi retiró el nombramiento del funcionario antes de que finalizará la pasada sesión legislativa y al día siguiente, cuando el Senado se encontraba en receso, concedió un segundo nombramiento de receso a favor de Mier Romeu. Ese nombramiento finaliza el 16 de noviembre.
