Ciudad de Panamá, 19 de enero de 2022 (EFE) – Organizaciones ambientalistas y activistas de Panamá rechazaron este miércoles un nuevo contrato de concesión para una gran mina de cobre explotada por una empresa de capital canadiense, y pidieron al Parlamento que lo revise de forma exhaustiva para determinar si apega a ley.
El Gobierno panameño y la empresa Minera Panamá, de la canadiense First Quantum Mineral (FQM), acordaron la firma de un nuevo contrato de concesión, luego de que en 2018 el entonces vigente fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Según lo anunciado por el Ejecutivo que preside Laurentino Cortizo, el nuevo contrato eleva de 2 % hasta «entre 12 % y 16 % las regalías» y garantiza un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, «10 veces más» de lo que ha aportado la empresa anteriormente.
Tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y la empresa, corresponde ahora cumplir una serie de trámites que incluyen la redacción del nuevo contrato, la consulta pública, el refrendo de la Contraloría General y la aprobación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), anunció el martes Cortizo.
El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería «se encuentra totalmente en desacuerdo» con el nuevo contrato, porque «no se ha evaluado la cantidad de pérdidas que vamos a tener, en cuanto a agua y la biodiversidad que tienen esas 25.000 hectáreas de la concesión», dijo este miércoles a Efe el representante del organismo, Jonathan González Quiel.
«Si cambiamos el bosque por esta actividad extractiva, a largo plazo no habrá dinero que pueda resarcir la pérdida de calidad ambiental del nuestro país, más ahora que estamos frente al desafío del cambio climático. No habrá dinero que podrá pagar la restauración del territorio, más en una zona como es el Corredor Biológico Mesoamericano», área de influencia de la mina de cobre, argumentó González.
El nuevo pacto entre el Ejecutivo panameño y la minera «continúa desconociendo por completo la inmensa riqueza natural y cultural que se sigue destruyendo en un área protegida clave para la conectividad de la biodiversidad en toda la región, donde acumula 295 incidentes ambientales en los últimos tres años según los propios reportes de la empresa», dijo el Movimiento, integrado por 35 organizaciones.
A cambio del aumento de regalías, dijo el Movimiento, «la empresa ha solicitado protecciones necesarias para garantizar su operación, en una clara alusión a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Centro de Incidencia Ambiental en 2008».
Es por ello que, dijeron los ambientalistas, «corresponde hacer un llamado a los diputados, sobre los cuales recaerá ahora la responsabilidad, enfatizada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de escrutar el contrato para determinar si está o no ‘conforme a la regulación legal relacionada'».
Ubicada en el distrito de Donoso, provincia caribeña de Colón, la mina Cobre Panamá, propiedad de Minera Panamá y una de las más grandes de Latinoamérica, es la «inversión privada más grande del país», con unos 6.700 millones de dólares, manifestó el Gobierno panameño.
La mina a cielo abierto comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019, luego de que en 2018 el Supremo declarara inconstitucional una ley de 1997 que avaló la concesión, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá.
El fallo dio respuesta a un recurso presentado por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.
